El juez chileno Juan Guzmán Tapia, que está al frente de una de las causas contra el ex dictador Augusto Pinochet por asesinatos y secuestros, procesó y ordenó el arresto de dos de sus ex ministros por su responsabilidad en la desaparición de 119 opositores a la dictadura. Guzmán Tapia dijo que sometió a proceso a los generales retirados Carlos Montero Marx y Raúl Benavides, que fueron ministros del Interior del régimen militar (1973-1990), a quienes señaló como “cómplices” en la Operación Colombo, que provocó esas desapariciones forzadas en 1975.
La Operación Colombo fue montada por la DINA para encubrir la desaparición de opositores al régimen militar y consistió en una operación de prensa para encubrir la desaparición de 119 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) presentándola como una “purga” dentro de la organización. Benavides ocupaba la cartera del Interior en julio de 1975, cuando el régimen de Pinochet informó que los cadáveres de 119 miembros del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) habían aparecido en Argentina y Brasil, como consecuencia de disputas internas en esa organización guerrillera. El Informe Rettig calificó la Operación Colombo como una acción de desinformación que se inició cuando se hizo público el hallazgo de dos cadáveres acribillados y carbonizados en Buenos Aires en julio de 1975. La maniobra finalizó con la publicación, por parte de la DINA, de dos listas de detenidos desaparecidos que sumaban 119 nombres.
Benavides, de 72 años, fue integrante de la Junta de Gobierno y ministro del Interior del régimen militar entre 1974 y 1978. Podría cumplir arresto domiciliario por estar afectado del mal de Alzheimer. En tanto, Montero Marx, general de brigada aérea y abogado de la Fuerza Aérea de Chile, estuvo a cargo del Ministerio del Interior entre 1982 y 1983. En 1973 le tomó juramento a Pinochet como miembro de la Junta de Gobierno que derrocó al presidente Salvador Allende. La resolución del magistrado consigna que antes de procesar a los ex uniformados, éstos fueran sometidos a exámenes mentales por su edad, los cuales determinaron que ambos se encuentran aptos para enfrentar un juicio en materia penal. Benavides fue procesado además en otra causa en calidad de cómplice de la muerte de cinco víctimas de la Operación Cóndor.
En sus investigaciones sobre la Operación Colombo, el magistrado ya inculpó al fundador de la DINA, Manuel Contreras, y a otros 15 ex agentes de ese cuerpo represivo. “Se están esclareciendo las responsabilidades del caso”, dijo ayer el abogado Hernán Quezada, representante de los familiares de las víctimas, tras conocer las nuevas resoluciones de Guzmán Tapia. “El juez Guzmán ha concluido que estas personas tuvieron responsabilidad en la operación que se montó para encubrir estos desapariciones de más de cien personas en nuestro país”, indicó Quezada. “Desde ese punto de vista, no sólo tienen responsabilidad política y administrativa, sino que también eventualmente responsabilidad penal”, agregó el jurista al referirse a los ex ministros.
Guzmán Tapia, que investiga la responsabilidad de los militares en la operación, acogió el pasado 8 de febrero una petición para privar de su fuero a Pinochet y someterlo a juicio por esta operación, pero el desafuero debe ser ratificado o revocado por las cortes. Las víctimas de la Operación Colombo integran las listas de más de 3000 muertos y desaparecidos que dejó el gobierno militar de Pinochet.