La policía brasileña detuvo a Rayfran das Neves Sales, alias Fogoió, uno de los dos pistoleros –confesó– que mataron a Dorothy Stang, la religiosa estadounidense y defensora de los campesinos sin tierra, en el municipio amazónico de Anapu. El gobierno brasileño anunció que inició un trabajo acelerado en la zona para brindar protección a por lo menos 65 personas amenazadas por su actividad en defensa de los derechos humanos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó por el asesinato a “algunos reaccionarios, algunos conservadores en el área maderera” que actúan en la región. Prometió que “no descansaremos hasta apresar a los asesinos para mostrar que en nuestro gobierno no hay impunidad”.
“Esos que se precipitaron y mataron a personas tendrán que ser castigados”, señaló Lula en su programa quincenal de radio “Café con el Presidente” de ayer. Lula señaló que el gubernamental “Paquete Verde”, destinado a defender la Amazonia y propiciar la explotación racional de sus riquezas, “incomodó a algunos reaccionarios, algunos conservadores en el área maderera”. “Es abominable que todavía haya gente que crea que un revólver calibre 38 sea la solución para un conflicto, por muy grave que sea”, afirmó Lula. El presidente ordenó una investigación y envió 2000 efectivos del ejército para controlar el conflicto que enfrenta a latifundistas y campesinos por la propiedad de la tierra y frenar la deforestación de millones de hectáreas en la Amazonia. Madereros y ganaderos rechazaron la decisión del mandatario por “autoritaria” y “antieconómica”.
Fogoió fue encontrado y detenido cuando caminaba por la ruta Transamazónica. Confesó ser el autor del asesinato de Stang y además dijo que actuó por encargo de un jefe político de Anapu, un pueblo a 520 kilómetros de Belem, la capital del estado de Pará. La detención del sicario se suma a la de Amair Ferijoli da Cunha, alias Tato, el hombre que anteayer se entregó a la Policía en el pueblo de Altamira y que fue quien contrató a los dos pistoleros que asesinaron a Stang. Aunque Da Cunha negó los cargos, la policía cuenta con pruebas de que actuó por encargo del terrateniente Vitalmiro Bastos de Moura, alias Bida, quien se oponía a la labor de la religiosa en favor de los campesinos pobres. Los investigadores continúan la búsqueda del otro sicario acusado de la muerte de la monja, Uilquelano de Souza Pinto, alias Eduardo. La policía oportunamente libró orden de captura a los cuatro sospechosos, los pistoleros Fogoió y Eduardo, el capataz Da Cunha y el hacendado Bastos de Moura.
La Secretaría de Derechos Humanos indicó ayer que tiene identificadas a 65 personas amenazadas, aunque “el número puede aumentar”. Las amenazas proceden de hacendados que se dedican a la explotación forestal o a actividades agropecuarias depredadoras en tierras sobre las que poseen títulos de propiedad dudosos. Un Grupo de Protección de los Derechos Humanos en Pará ayer empezó un recorrido por siete municipios –Altamira, Anapú, Porto de Moz, Rondon do Para, Abel Figuereido, Maraba, Parauapebas– para verificar la existencia de otras personas que puedan requerir protección. Ese Grupo fue instalado por el ministro Nilmario Miranda en Belem (capital de Pará) el 3 de febrero (antes de los asesinatos) con la misión de crear, en un plazo de 60 días, un programa de protección a los defensores de los derechos humanos. La secretaría creó luego un nuevo organismo, de cinco personas, para monitorear el trabajo.
El asesinato de Stang, una misionera que actuaba hace 37 años defendiendo los derechos de los trabajadores sin tierra, conmovió a la opinión pública brasileña. Diez días antes de su asesinato denunció que recibía permamentes amenazas de los hacendados ricos.