Dos cosas salió a dejar en claro ayer Chiche Duhalde en conferencia de prensa: que el Gobierno tiene los fondos para pagar los subsidios del plan para los Jefes de Hogar sin trabajo y que va a hacerlo de manera escalonada. Los dos anuncios buscan descomprimir la tensión en el Conurbano y evitar que se produzcan tumultos o incidentes en la puerta de los bancos, donde a partir del viernes 17 más de un millón de beneficiarios empezarán a cobrar 150 pesos de seguro de desempleo. En las últimas dos semanas, especialmente desde algunas intendencias del Gran Buenos Aires, se alimentaron rumores sobre que no habría dinero suficiente para pagar a todos. Entre eso y un estallido, entienden desde los funcionarios de Gobierno hasta los piqueteros, no hay ni medio paso de distancia.
La cantidad de desocupados que cobrará este mes (“un millón cincuenta mil personas”, dijo Chiche Duhalde) es más alta que las previsiones iniciales. Cuando el plan se lanzó con bombos y platillos, en abril, se estimaba que los beneficiarios de mayo serían 800 mil. Desde entonces el país tiene más desocupados, pero en todo caso al Gobierno le saldrán más baratos. El programa Jefes y Jefas de Hogar va a financiarse fundamentalmente con un mix de retenciones al agro y a las exportaciones petroleras, que el Estado percibe en dólares.
“Este Plan es un derecho de inclusión social sin antecedentes en el país”, definió la primera dama al abrir la rueda de prensa.
La conferencia se realizó en el piso 17 del Ministerio de Trabajo, donde Chiche, de traje azul y blusa blanca, llegó acompañada por Graciela Camaño y su antecesor Alfredo Atanasof ahora jefe de Gabinete.
De acuerdo con los datos aportados allí, para pagar esta cuota inicial Economía desembolsará 157 millones y medio de pesos. Los fondos deben ser “administrados, ejecutados y controlados” por un Consejo de Administración Nacional de 15 miembros cuya característica más publicitada es la diversidad de sectores representados en él y la menos que se va a constituir el próximo lunes, con el millón de planes ya adjudicados.
En el Consejo Nacional de administración, ejecución y control de los subsidios de desempleo habrá tres delegados del Poder Ejecutivo, representantes de la industria, el agro, los sectores financieros y petroleros. Estarán también las centrales obreras, la Iglesia, las ONG y los municipios. Los jefes piqueteros de la Federación de Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista y Combativa, Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete, menos combativos desde que son más jefes, integrarán el Consejo en representación del conjunto de las organizaciones de desocupados de todo el país.
Los representantes de las organizaciones sociales dicen que la ventaja de estar dentro de este Consejo Nacional será acceder de manera directa a la información sobre el manejo y la distribución de los planes. Sostienen que de esta manera podrán controlar mejor y corregir eventuales errores. Para el Gobierno, la ventaja de que estén en el Consejo es que absorberán las quejas y denuncias por irregularidades.
Las primeras empezarán a escucharse el martes, cuando los municipios reciban los listados de solicitudes observadas y rechazadas. Sobre un total de un millón doscientos mil inscriptos (hasta ayer), hay 70 mil observados y 70 mil rechazados. La mitad corresponde a la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor densidad de personas sin trabajo.
Quienes hayan sufrido alguna observación deberán revisar su planilla de inscripción en el municipio al que pertenecen. Si quedaron fuera por un error subsanable (un dato mal tipeado o documentación faltante) recibirán la promesa de cobrar después del 31 de mayo.
El pago al millón cincuenta mil beneficiarios que ya tienen el alta se escalonará según la terminación de sus números de documento: el vienes 17aquellos cuyo DNI termine en cero, el lunes 20 los terminado en uno y así sucesivamente.
“Lo importante es que el dinero está, queremos que la gente se entere de que va a cobrar su beneficio”, subrayó ayer la ministra de Trabajo. Antes de dar por terminado el encuentro con los medios, la mujer de Barrionuevo volvería otras dos veces sobre el mismo punto. La insistencia reflejó bien hasta qué punto el Gobierno necesita que la puesta en marcha del seguro de desempleo se realice sin incidentes ni sorpresas. En todo el Conurbano, como en el interior del país, los desocupados vienen llenando planillas de inscripción desde diciembre. La expectativa sirvió para aguantar, pero la baja en el conflicto social que resultó de esa espera es una apariencia en riesgo de quebrarse ante el menor problema.