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Un Corte en apoyo a Gutiérrez
La región empresarial de Guayaquil y el sector indígena se sumaron a la protesta contra Lucio Gutiérrez, quien decidiera disolver la CSJ.
Las protestas que reclaman la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez, que hasta ahora se habían limitado a Quito, se corrieron a otras regiones de Ecuador, en particular la influyente Guayaquil, un día después de que el Congreso aprobara –por unanimidad– la anulación de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto deja sin efecto la resolución legislativa del pasado 8 de diciembre de destituir la antigua Corte y nominar arbitrariamente otra, mediante mayoría relativa afín al presidente. De este modo, se produce el cese inmediato de la Suprema y comienza una vacancia judicial hasta la designación de los nuevos magistrados, quienes no deberán mantener relación directa con ningún partido político, para dar lugar a una Corte despolitizada e independiente.
Tras cinco días de fuertes protestas en la capital –habitada por unos dos millones de personas–, que incluyeron cacerolazos y pedreas, las provincias costeras, con Guayaquil a la cabeza, se sumaron al descontento popular contra el presidente. Estas nuevas movilizaciones se producen menos de 24 horas después de que el Congreso declarara el domingo la vacancia de la CSJ, cuyos 31 magistrados habían sido nombrados el 8 de diciembre pasado por el propio Legislativo, en un hecho que generó las protestas de la oposición.
El interrogante que planeaba ayer sobre Ecuador es si esta decisión permitirá revertir una sentencia de la CSJ del pasado 31 de marzo que exculpó a los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y al ex vicepresidente Alberto Dahik de cargos de corrupción, lo que les permitió regresar desde los países donde se refugiaron para eludir los cargos.
Bucaram señaló que “ni el rey de Roma” podía echar atrás la decisión de la Corte, pero dirigentes políticos piensan que es posible que esto se dé. La oposición había pedido con insistencia la caída de la Corte, y una vez conseguido el objetivo, la dinámica del descontento ha llevado a un clamor social y político cada vez mayor que reclama la renuncia del presidente.
Es en ese contexto que el alcalde del puerto de Guayaquil, Jaime Nebot, dos veces candidato presidencial, se sumó a las protestas luego de que la semana pasada rehusó apoyar las que organizaron en Quito los sectores de oposición. Previo a la marcha, Nebot explicó que ésta buscaba mostrar la insatisfacción de la ciudadanía por el incumplimiento en planes de mejoramiento social y económico en Guayaquil, polo económico de Ecuador, con unos 2,2 millones de personas.
Los empresarios de Guayaquil, quienes temprano expresaron su disgusto por la cancelación de la visita del presidente de Chile, Ricardo Lagos, que debía comenzar en la noche de ayer, también se unieron a la protesta. En esa ciudad igualmente se presentaba una marcha en favor del mandatario. Las autoridades aún no reportan la magnitud de las distintas manifestaciones.
Las marchas en contra de Gutiérrez transcurrieron de manera pacífica en otras ciudades del litoral pacífico como Machala, Portoviejo y Babahoyo y la andina Cuenca. También los indígenas se sumaron al descontento: el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Luis Macas, anunció que los nativos iniciaron una movilización para protestar contra Gutiérrez para presionarlo “hasta que renuncie”. Ex ministro de Agricultura del gobierno de Gutiérrez, Macas indicó que grupos de nativos han comenzado a movilizarse en la norteña provincia andina de Imbabura. Señaló que los indígenas han acordado sumarse a las protestas contra el mandatario, a quien acusaron de aplicar un programa neoliberal. “Por esto el presidente es un traidor a los pueblos pobres”, dijo.
En declaraciones formuladas ayer a la radio colombiana Caracol, el presidente Gutiérrez dijo que no renunciará a su cargo y señaló que las protestas en su contra son promovidas “por una minoría” que ha visto afectados sus privilegios. Gutiérrez dijo que las protestas son financiadas por grandes empresarios que antes de su llegada al poder nopagaban impuestos y que se sienten afectados por las políticas de su gobierno. “Ellos no pagaban, especialmente el impuesto a la renta y ahora, como han visto afectados sus intereses, protestan”, señaló el mandatario ecuatoriano.
En Quito, entretanto, la situación era de tensa calma y prácticamente habían desaparecido los mitines y protestas, aunque éstos podrían presentarse de manera espontánea, como ha ocurrido en días previos. El Palacio de Carondelet, sede del gobierno de Gutiérrez, permanecía protegido por un impresionante operativo de seguridad en el que participa casi un millar de soldados y policías. También mallas metálicas y “serpentinas de guerra” (alambre de púas) han sido regados en abundancia en las esquinas a cinco cuadras del edificio presidencial para impedir el paso de peatones y vehículos. La sede de la CSJ permanece resguardada por la Policía, que no permite el ingreso de ninguna persona a la edificación.