La situación política en Ecuador, tras la destitución de Lucio Gutiérrez y la asunción de Alfredo Palacio, pareció entrar ayer en un nuevo tembladeral. En una sorpresiva y poco clara movida, el flamante presidente destituyó a la cúpula militar y al comandante de la policía. Ayer circularon rumores en torno de una supuesta movilización de soldados. El depuesto presidente continuaba esperando que el nuevo gobierno le otorgara el salvoconducto para partir con rumbo a Brasil, país que le ha dado asilo, y se defendió por teléfono. El ministro de Defensa, general Solón Espinosa, afirmó ayer que Ecuador no requiere ningún reconocimiento de la comunidad internacional, contrariamente a las opiniones de los analistas políticos. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) enviará una misión al país.
Los rumores en torno de la movilización de tropas circularon ayer después de que Palacio destituyera al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las versiones fueron inmediatamente desmentidas por Espinosa. Cuando Palacio asumió, la cúpula militar dijo que respetaba la sucesión presidencial contemplada en la Constitución y le dio su respaldo. El nuevo comandante es el general César Ubillús, sobre quien se vertieron varias denuncias anónimas de ser el responsable de haber sacado militares a las calles para controlar las manifestaciones, una tarea que le compete a la policía. Por su parte, la fiscal general Cecilia Armas citó a los actuales y a los anteriores jefes militares y policiales para que expliquen la actuación de sus fuerzas durante las protestas, en las que murieron cuatro personas.
Gutiérrez ayer continuaba a la espera del salvoconducto para salir a Brasil después de que ese país le otorgara el asilo territorial. Por teléfono, ayer dijo que su destitución fue inconstitucional y que no abandonó el puesto. “Me separaron con 60 votos sobre 180 diputados, sin juicio político y sin que yo abandonara mi cargo”, explicó. Manifestantes en la puerta de la embajada de Brasil, que reclamaban la entrega “al pueblo” del ex gobernante para ser juzgado. El canciller ecuatoriano, Antonio Parra Gil, dijo que el gobierno estudiará “con detenimiento” el otorgamiento del salvoconducto. El caso de Gutiérrez es una prueba de fuego para Palacio, tanto nacional como internacionalmente. Los manifestantes que exigieron la renuncia de Gutiérrez vitorearon a Palacio cuando aseguró que “no habrá perdón ni olvido” contra quienes hayan cometido algún delito. Algunos analistas opinan que el retraso en otorgar el salvoconducto está relacionado con el temor a una convulsión social. Por su parte, fuentes diplomáticas dijeron que Ecuador debe entregar a Gutiérrez si no quiere tener problemas internacionales.
Comentaristas políticos opinaron en igual sentido, explicando que si el gobierno facilita la salida de Gutiérrez tendrá la “cara limpia” para reclamar reconocimiento internacional. “No puede pedir el reconocimiento internacional si no respeta la ley internacional y entrega a Gutiérrez”, señaló un analista. Sin embargo, el ministro de Defensa señaló que Ecuador no requiere reconocimiento internacional porque está cumpliendo con una disposición de la Constitución en cuanto a la sucesión presidencial.
La Unión Europea pidió a Ecuador “un retorno rápido a la normalidad constitucional”, sumándose así implícitamente a las dudas expresadas por Estados Unidos. Después de muchas idas y vueltas, la OEA consensuó el envío de una misión al país para investigar la condición en la que se produjo la destitución de Gutiérrez.
Estados Unidos todavía no aclaró si reconoce a Palacio como presidente. El jueves la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, opinó que “tiene que haber un proceso constitucional para efectuar elecciones, si eso es lo que está previsto en el futuro”. Ayer el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, volvió a rechazar las declaraciones de Rice e indicó que la asunción de Palacio es constitucional. “Así que, por favor, que los Estados Unidos respeten nuestra soberanía y podremos llevar una buena cooperación”, añadió.