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Hace 20 años era impensado que los militares se presentaran ante la Justicia por casos de derechos humanos, hoy sí. Pero el jefe del ejército, Angel Bertolotti, en medio de un malestar castrense con el gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez, introdujo una novedad: su institución dará asesoramiento legal para sus miembros activos y retirados. Ayer, luego de compartir con el presidente Tabaré la celebración del 175º aniversario de la firma de la Constitución, Bertolotti declaró que creará una oficina especial para asesorar jurídicamente a militares que fueran citados por la Justicia por crímenes durante la dictadura. “Yo entiendo que no hay lugar para extradiciones y haremos la defensa que corresponde a todos los integrantes del ejercito, retirados y en actividad, para salvaguardar la parte institucional, lo corporativo y lo individual”, explicó el jefe del ejército en relación con el caso de tres militares pedidos por la Justicia chilena.
Desde el gobierno todavía no ha habido respuesta. Sin embargo, el diputado del Frente Amplio, cercano al ministro de Ganadería y ex tupamaro José Mujica, Luis Rosadilla, no demostró oposición frente a la medida del ejército y simplemente le dijo a Página/12 que “todas personas tienen derecho a una defensa”. Bertolotti declaró ayer que el ejército “respalda” la Constitución y al presidente, “pero hará el máximo de esfuerzo” para defender a quienes actuaron cumpliendo órdenes “cualesquiera que fueran las causas” por las que ahora son citados. No paró de repetir que sigue subordinado al “Presidente de la República”, que le da “su respaldo permanente” y dejó en claro que no quiere que “haya un quiebre institucional”.
El “malestar militar”, como lo llamó la prensa local, comenzó con la decisión del gobierno de Tabaré de excluir tres casos de la Ley de Caducidad: el asesinato, en 1976, de dos legisladores y el de la nieta del escritor Juan Gelman. No estarían amparados por la amnistía que permitió la transición a la democracia porque, según el Ejecutivo, los primeros dos fueron afuera del país y el tercero porque no tuvo una motivación política, sino que se la trasladó embarazada a Uruguay para quitarle el bebé. El primer militar en expresar públicamente su oposición a la nueva interpretación de la Ley de Caducidad fue el –ahora– ex general Juan Córdoba. Había declarado que albergaría en sus cuarteles a los militares, en servicio y retirados, que fueran citados por la Justicia. Esto le valió un pase a retiro el viernes pasado. Sin embargo ayer, Bertolotti intentó reivindicarlo, para bajar el tono de la confrontación: “El general Córdoba es un amigo e hizo lo que tenía que hacer un buen soldado, plantear la disidencia en forma leal al superior, explicar su punto de vista y aspiraciones, y solicitar el relevo del cargo”. Además, el jefe del ejército confirmó que mañana se reunirá con los generales y los oficiales retirados implicados en las citaciones judiciales para analizar la situación.
La ley de caducidad o de “punto final”, aprobada en 1986 y refrendada tres años después por las ciudadanía, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente implicados en la represión desatada durante el régimen de facto. Hace tres semanas la Justicia uruguaya ordenó un cierre de fronteras para ocho militares y policías retirados, presuntamente implicados en la desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, en 1976.
El juez Gustavo Mirabal dispuso la clausura de las fronteras para los coroneles retirados Manuel Cordero, que vive en Brasil, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama y Antonio Rodríguez Buratti, el teniente coronel retirado José Gavazzo, el ex capitán Ricardo Arab y el ex capitán de policía Ricardo Medina, y los convocará a declarar en los próximos días. Otros tres militares, los coroneles Eduardo Radaellli y Wellington Sarli y el ex coronel Tomás Casella, esperan el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia sobre su extradición a Chile, ya concedida por un juez y por un tribunal de apelaciones. “No necesitamos que nos vengan aenseñar cuáles son las líneas de conducta; no aceptamos ningún tipo de imposición extranjera”, aseguró ayer Bertolotti sobre el caso. Los tres son investigados en Chile por su posible participación en el asesinato del químico y ex agente secreto chileno Eugenio Berríos.
La Justicia uruguaya concedió en septiembre de 2004 la extradición de los tres militares. Un tribunal de apelaciones ratificó la extradición de los coroneles Eduardo Radaellli y Wellington Sarli y el ex coronel Tomás Casella, pero los tres apelaron el fallo y actualmente está en estudio de la Corte. Berríos fue un agente de la policía secreta chilena –la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)– que ingresó clandestinamente a Uruguay en 1991, supuestamente en un operativo conjunto de militares de ambos países para evitar que declarase ante la Justicia chilena. En abril de 1995 el cadáver de Berríos, con dos disparos en la cabeza, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo.