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“No sólo no se investigó el atentado contra la AMIA, sino que se destruyó todo. Lo taparon. Estuvieron diez años quemando todo.” Con esta lapidaria frase, el presidente Néstor Kirchner acusó a los gobiernos anteriores, a los que participaron en la investigación, tanto desde las fuerzas de seguridad como desde la Justicia, de haber impedido el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía. El primer mandatario también hizo referencia a la dirigencia, entre la que se incluye la de la comunidad judía: “Hay diez años de destrucción, diez años de corresponsabilidad de algunos dirigentes que tendrían que haber levantado la voz más fuerte en los tiempos de la oscuridad”.
Kirchner realizó estas manifestaciones a la salida del acto por el 11º aniversario del atentado y en especial en un breve diálogo que mantuvo con el cronista del programa AMIA para todos que se emite por Canal 7. “Vamos a luchar con todo para esclarecer el atentado y si lo que ocurrió en Londres la semana pasada hubiera ocurrido acá, nosotros también lo hubiéramos esclarecido. Pero en el atentado contra la AMIA hubo diez años de destrucción”, sostuvo el primer mandatario.
El gran problema que afrontan el gobierno nacional, el fiscal especial Alberto Nisman y el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, es cómo reconducir la pesquisa después de diez años, ya que según el Tribunal Oral, en octubre de 1995 el juez Galeano, un sector de la SIDE y, sobre todo, la Casa Rosada, resolvieron imputar a los policías bonaerenses, algo que además convenía entonces a la batalla Menem-Duhalde.
En aquel momento, otro sector de la SIDE sostuvo que la pista de los policías bonaerenses era incongruente y se inclinó por la teoría que parece verificarse en los atentados de los últimos años: los terroristas fundamentalistas no confían en personas que sean ajenas a sus células. Así se vio en el 11 de septiembre, cuando los 19 suicidas resultaron ser todos de células fundamentalistas afincadas en Estados Unidos dos, tres y hasta más años antes del ataque. En el caso del atentado en Atocha se verificó la misma situación: los protagonistas fueron un grupo de marroquíes que vivían en España desde mucho antes de 2004. Y la semana pasada, en Londres, la teoría llevó a la confirmación más extrema: cuatro fanáticos nacidos en Gran Bretaña, tres de origen paquistaní y uno jamaiquino. Aunque las investigaciones no están todavía terminadas, da la impresión de que en los tres casos –11/S, 11/M y 7/J– hubo financiamiento y algún nivel de apoyo exterior e incluso cierto entrenamiento en Pakistán o Afganistán.
El único hecho que podría emparentarse con lo ocurrido en Buenos Aires tiene que ver con los explosivos usados en Atocha. Una casualidad hizo que de las 14 mochilas colocadas en los trenes, explotaran sólo 11. De las tres restantes, dos fueron detonadas por la propia policía cuando las encontró, y la otra provocó un error tan grosero como afortunado: sin darse cuenta de que contenía explosivos la llevaron a la dependencia policial. Allí, al abrir la mochila, se encontraron con los explosivos, el detonador y el celular que falló cuando debía activar la bomba. Ese artefacto fue la clave para la investigación y se determinó que los explosivos provinieron de una mina de Asturias, donde un confidente policial los robaba y los cambiaba por drogas al grupo de marroquíes que luego perpetró el ataque.
El grupo de la SIDE que no aprobaba la pista policial en el caso AMIA –en el que revistaba el ahora ascendente Jaime Stiusso– fue desplazado por el gobierno de Carlos Menem y Galeano, sustituyéndolo por la llamada Sala Patria. A partir de esa movida se inicia el proceso de pago a Telleldín y lo que el Tribunal Oral considera el armado de la pista falsa. Una versión afirma que algún integrante del grupo desplazado de la SIDE quiso demostrar que se estaba realizando una maniobra espuria y para ello robó el video en el que aparece la negociación entre Galeano y Telleldín por los 400.000 dólares. Ese video fue filtrado al ex comisario Juan José Ribelli y se hizo público inmediatamente. Pese a la evidencia de las imágenes, la pista policial siguió vigente, hasta que el Tribunal Oral la sepultó con su fallo señalando que se trataba de una maniobra al servicio de “políticos inescrupulosos”. Entre una cosa y la otra pasaron diez años.
Cuando Kirchner sostuvo ayer que “no sólo no se investigó, sino que se destruyó todo”, menciona ese proceso en el que, para favorecer la pista falsa, se quemaron otros videos, desaparecieron cintas grabadas, se falsificaron pruebas y se pagaron 400.000 dólares por declaraciones falsas. Mientras en Londres se vieron las imágenes de los terroristas en la estación King’s Cross, en Buenos Aires los casetes fueron robados, la agenda de Telleldín se vació y –según anticipó Página/12 ayer–, los policías les avisaban a los sospechosos de los allanamientos.
El interrogante es si la investigación ahora se puede reconstruir. Después de diez años parece casi imposible, pero –por lo que se sabe– la intención es partir otra vez de los elementos que en su momento sostuvieron Stiusso y su gente: algunos de los diplomáticos iraníes, un celular de la Triple Frontera, un colombiano convertido al Islam, Samuel El Reda, el entrecruzamiento de las llamadas de todos ellos y algunas evidencias más.