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La ultraderecha avanza en Europa, gobiernos de derecha e incluso autoproclamados de izquierda promueven leyes antiinmigratorias y la Unión Europea hará de la inmigración el tema principal de su cumbre en Sevilla el 21 de junio. En este contexto, el gobierno italiano, comandado por Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, y sostenido en un partido posfascista y otro xenófobo, no podía ser menos. Ayer, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que establece la toma de huellas dactilares para los inmigrantes, aumenta las sanciones para los que ayuden a los inmigrantes a radicarse ilegalmente, posibilita que el gobierno establezca un cupo de inmigración, endurece la obtención de los permisos de residencia y trabajo y dificulta el reagrupamiento de las familias de inmigrantes. La oposición de izquierda, desde el Olivo hasta Refundación Comunista, calificó el proyecto, cuyo autor es el líder de la xenófoba Liga Norte Umberto Bossi, de “fascista”.
En medio del avance de la ultraderecha en la mayoría de los países europeos, pertenezcan o no a la Unión Europea, Dinamarca y Gran Bretaña ya habían dado el tono la semana pasada. El gobierno británico de Tony Blair, líder de una Tercera Vía que se jacta de permanecer como la única fuerza de izquierda en el continente gracias a que justamente aborda temas tradicionales de la derecha, anunció que no podrán permanecer en el país las personas a quienes se niegue petición de asilo mientras dura la apelación. Por su parte, Dinamarca, en cuyo gobierno figura el xenófobo Partido danés del Pueblo (DP), aprobó un texto legal por el que se endurecían los requisitos para obtener el asilo y se recortaban los beneficios asistenciales para inmigrantes. El presidente del gobierno español, José María Aznar, a cargo de la presidencia rotativa de la UE, dijo que la estandarización de las leyes de inmigración y asilo entre todos los países de la Unión será el tema principal de la cumbre de Sevilla. Además del derechista Aznar, es el “Tercera Vía” Blair quien propone adoptar medidas en un marco común.
Pero el gobierno italiano no quiso esperar hasta el 21 de junio. “En nuestro programa electoral prometimos una ley que frenaría la inmigración. Y hemos ganado”, declaró Umberto Bossi, ministro italiano para la Reforma. Con 279 votos a favor y 203 en contra, luego de un duro debate no sólo entre derecha e izquierda, sino en el seno de la misma derecha (no todos los legisladores que responden a Berlusconi están a favor del proyecto), los diputados italianos ya le dieron media sanción a la ley. Se supone que el Senado dará la otra media sanción, pero la aspereza de las discusiones permite plantear la duda.
El proyecto consta de varias medidas: el permiso de estadía sólo será concedido a los extranjeros que dispongan de un contrato de trabajo, y si el inmigrante se queda sin trabajo antes de expirar los dos años que se le otorga, será expulsado; el gobierno puede fijar a su antojo la cantidad de inmigrantes admitidos cada año; se complica el reagrupamiento familiar, ya que un inmigrante que tenga trabajo sólo podrá llevar a Italia a sus hijos menores y los mayores sólo si son discapacitados; a los extranjeros que pidan documentación italiana se les tomarán sus huellas dactilares; si un extranjero que entra a Italia tras haber sido expulsado comete un delito, puede ser penado con entre uno y cuatro años de prisión; la falsificación de documentos está penada con entre uno y seis años de cárcel; y aquellas personas que contribuyan a la entrada de inmigrantes pueden ser condenados a una pena de entre cuatro y 12 años de prisión.
“No hay suficientes adjetivos para describir esta ley: es injusta, fascista, desagradable, avasalladora y racista”, dijo Graziella Mascia, miembro del Partido de la Refundación Comunista. “Es indigno de un país civil equiparar a los inmigrantes ilegales con criminales y decir que quienes ayuden a los inmigrantes ilegales están cometiendo un grave delito”, añadió Oliviero Diliberto, dirigente del Partido Comunista Italiano. “Están creando un clima de temor y odio en este país”, acusóLuciano Violante, líder de la Margarita, coalición de partidos de centroizquierda y principal partido opositor en el Congreso.
El proyecto es, en parte, una respuesta a la creciente ola de inmigración ilegal, que tuvo su pico mediático en marco, cuando cerca de 1000 refugiados kurdos tocaron costas italianas en un destartalado buque mercante. Pero parece que por el momento la situación inmigratoria tiene más impacto mediático que otra cosa: la comunidad inmigrante de Italia es apenas el 2,2 por ciento de la población.