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No fueron “meros errores”, ni “ignorancia”, ni “negligencia”. El Superior Tribunal del Chaco concluyó ayer en una resolución que por lo menos tres jueces de esa provincia tuvieron “mala fe” e incurrieron en “actos reiterados de parcialidad manifiesta” al ordenar la devolución de varios millones de dólares a ahorristas en otras jurisdicciones del país. Los magistrados fueron suspendidos y denunciados para ser sometidos a juicio político en el Consejo de la Magistratura local. La auditoría continuará y los investigadores apuntan también a desentrañar el papel de otros empleados judiciales y estudios de abogados.
“Estamos realmente estupefactos por la cantidad de irregularidades que encontramos”, comentó a Página/12 Eduardo Molina, uno de los ministros del alto tribunal chaqueño. Hasta el momento, la pesquisa quedó focalizada en los jueces Daniel Fernández Asselle y Daniel Freytes, ambos de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y de la jueza Estela Amelia Ponce, de Charata. Ayer un acuerdo extraordinario de la Corte local los acusó de haber cometido “faltas graves y delitos”: “prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho), reiteración de graves irregularidades de procedimiento y actos reiterados de parcialidad manifiesta”. Ahora el procurador general, Jorge Canteros, deberá promover el proceso de remoción.
Los magistrados cuestionados ordenaron medidas cautelares para devolver sumas de 11 mil hasta 3 millones de dólares a ahorristas con domicilio en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Entre Ríos. Según los primeros cálculos, por fallos del Chaco –segundo distrito, después del bonaerense, en número de resoluciones anticorralito– salieron cerca de 200 millones de pesos.
Además de violación de la competencia territorial, entre las anomalías detectadas figuran sentencias con fecha previa a la demanda, fallos posiblemente tipeados con la misma máquina que usaron los estudios jurídicos al redactar sus demandas, pruebas falsas o insuficientes, trámites salteados, dos expedientes iguales para una misma causa y otros con numeración melliza, hojas en blanco, expedientes sin fecha de ingreso, otros con tachaduras y correcciones, órdenes de pago por montos superiores a los que surgían de la documentación presentada por los demandantes, y fallos concedidos sin tener acreditada la titularidad de los plazos fijos. En muchos casos los beneficiarios no pagaron la tasa de justicia, que debía totalizar entre el 1 y el 1,5 por ciento del total retirado.
En un principio los supremos chaqueños se vieron tironeados por la bronca compartida frente el corralito y la aparición de indicios sobre manejos sospechosos en las causas judiciales sobre restricciones bancarias. “Lo que determinó el inicio de la investigación fueron las declaraciones públicas del juez Fernández Asselle cuando en marzo dijo, como haciéndose propaganda, que la justicia chaqueña resolvía expedientes del corralito de cualquier provincia. Así la gente se iba enterando de que en el Chaco facilitaban los trámites”, recordó Ramón Avalos, otro de los miembros del Superior Tribunal. En el ínterin, una acordada de la Corte de Córdoba rechazó todos los oficios que llegaban desde la Justicia chaqueña y advirtió sobre una “burla a la ley”.
La suspensión de los jueces fue votada por la presidenta del alto tribunal local, María Luisa Lucas, y los ministros Molina, Avalos y Ricardo Franco (ver aparte). Molina hizo un voto propio en el que dice que los magistrados no sólo burlaron los límites de su competencia territorial sino de los temas en que pueden meterse. Alberto Modi se abstuvo alegando que integra el Consejo de la Magistratura. Sus pares lo criticaron. Dentro de la Corte la investigación seguirá. De los 850 expedientes en que se detectaron irregularidades, falta analizar alrededor de la mitad. Algunas corresponden a los juzgados de Héctor Osiska y de Juan Zaloff Dakoff, ambos de Sáenz Peña.
Aunque aún no constan pruebas contundentes, los supremos chaqueños han acopiado elementos que conducen a una misma versión: “A los ahorristas se les pedía una comisión del 20 por ciento de lo que retiraran, y parece que la plata se la repartían entre los abogados (tanto los que intervenían en el Chaco como en la provincia del demandante), el juez y algún empleado”.
En el Chaco, los trascendidos sobre un posible fraude recrudecieron cuando la semana pasada Fernández Asselle –ante una inminente acusación– denunció en los medios que un banco extranjero le había pedido una coima para que se declarara incompetente, algo que le valió una nueva investigación por no haberlo denunciado antes. Casi simultáneamente la prensa local reveló que el hombre había sacado pasaje para ir a Japón al Mundial y que había comprado tres nuevos autos último modelo. Con un poco de vergüenza ajena, los ministros Avalos y Molina coincidieron en que lo que más desean es “salvar a la justicia chaqueña del descrédito en que cayó por el corralito”.