Desde Caracas

“No a la ley seca”, es el lema que algunos turistas y comerciantes de la isla Margarita escribieron en los vidrios traseros de los automóviles. Fue su manera de protestar contra un decreto dictado por los ministerios de Interior e Infraestructura para prohibir el expendio de bebidas alcohólicas durante Semana Santa.

La disposición les ha arruinado los planes a muchos venezolanos que tienen este asueto no como un tiempo de religiosidad, sino como unas minivacaciones, de “playa y rumba”. No por casualidad, en lugar de Semana Santa, algunos la llaman “semana zángana”.

El principal argumento del gobierno es la escalada en las cifras de accidentes de tránsito que ocurre cada año en Venezuela y que suele cobrar más de cien víctimas fatales. Según las autoridades, la mayoría de los percances ocurridos en las vías son producto de la intemperancia alcohólica. La prohibición de vender licores fue total el Jueves Santo y lo será hoy Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. También se ha prohibido absolutamente el expendio de bebidas en los locales ubicados cerca de las carreteras y autopistas.

El resto de los días y en todo el territorio nacional no ha habido prohibición total, sino una restricción en el horario de venta, entre las diez de la mañana y las seis de la tarde. La medida comenzó a aplicarse el sábado 30 de marzo.

El decreto tomó por sorpresa al país, pues este tipo de prohibiciones sólo se aplica en Venezuela durante las jornadas electorales. El decreto implica un cambio drástico en la actitud de las autoridades acerca del consumo de alcohol, pues hasta ahora reinaba la permisividad. Cualquier día, especialmente los viernes y sábados, es normal ver a decenas de personas bebiendo cerveza en las calles sin ningún tipo de recato.

La falta de controles ha llegado hasta tal punto que es frecuente encontrar vendedores ambulantes ofreciéndoles cerveza fría a los conductores en los congestionamientos de tránsito.

En Margarita, la principal zona turística del país, se realizaron un par de pequeñas manifestaciones contra la medida. No obstante, no son muchos los ciudadanos dispuestos a sumarse a una causa tan controvertida, a pesar de que Venezuela tiene un alto nivel de consumo per cápita de alcohol, alrededor de 80 litros al año. “A la gente le gusta tomar, pero no quieren aparecer públicamente como unos borrachos, quejándose porque no pueden comprar aguardiente”, dijo Ramón Echeverría, comentarista de la emisora radial gubernamental Mundial Margarita. Curiosamente, voceros de la Iglesia Católica han pedido que la medida sea revisada. El cardenal Jorge Urosa se mostró partidario de que se flexibilice y se permita el consumo en los restaurantes a las personas que quieran acompañar la comida con un trago. Y Pedro Freites, sacerdote venezolano que dirige Radio Vaticano, expresó que la prohibición va contra el libre albedrío y, por tanto, tiene rasgos dictatoriales.

“La recreación y el turismo no tienen por qué estar ligadas al consumo de licor”, expresó por su parte Olga Azuaje, ministra de Turismo, quien desestimó las protestas de los empresarios de hoteles, restaurantes y discotecas. “Estamos preservando la vida humana, eso es más importante que el negocio de un sector determinado”, agregó Pedro Carreño, ministro de Interior y Justicia.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.