Había pasado en Venezuela y Argentina y Bolivia no podía ser la excepción. Los poderes Ejecutivo y Legislativo se han declarado la guerra. O, dicho de otra forma, el gobierno de Evo Morales les apunta a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, ambos heredados de los anteriores gobiernos, como los últimos obstáculos para implementar sus políticas de cambio. La batalla que se vive hoy en Bolivia comenzó hace una semana, cuando el Tribunal Constitucional destituyó a cuatro ministros de la Corte Suprema que Morales había nombrado por decreto el 30 de diciembre de 2006. En su fallo, cuatro tribunos argumentaron que el presidente tenía el derecho constitucional de nombrar funcionarios interinos cuando el Congreso está en receso, pero que éstos no pueden quedarse en el cargo de manera interina. Bajo esa premisa, recurrieron a una ley de 1911 para fijar el plazo máximo de interinatos en tres meses y ordenaron cesar a los cuatro supremos de Morales.

Este fallo colmó la paciencia del mandatario indígena. Los ministros designados fueron a llenar las vacancias de la sala penal de la Corte Suprema y se habían encargado de encaminar el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por el asesinato de 68 personas en 2003, y de enviar a la cárcel a dos funcionarios corruptos de la última gestión de Hugo Banzer. Ante ello, dos senadores del opositor Podemos interpusieron un recurso directo ante el Tribunal Constitucional que terminó dándole la razón: el Ejecutivo no puede usurpar las funciones del Legislativo y nombrar a representantes del Poder Judicial.

Todo ese entrevero legal disparó las alarmas en el Palacio Quemado de La Paz. Morales ordenó a sus abogados demandar a los tribunos por prevaricato y obstrucción de la Justicia ante el Parlamento. Por su parte, el vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, convocó a sesión del Congreso para designar legalmente a los cuatro ministros de la Corte Suprema y, en su condición de presidente nato del Congreso, recibió la denuncia de Morales para procesar a los magistrados.

Desde ese momento (lunes de esta semana) la batalla se pelea en dos flancos, el jurídico y el político, aunque por momentos se mezcla. En lo jurídico, Morales sabe que no puede ganar, pero sí dilatar los procesos lo suficiente como para afectar al Tribunal Constitucional. El juicio en el Congreso de los cuatro magistrados que echaron a sus jueces supremos durará 100 días y al final de ese plazo podrá condenarlos utilizando su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Allí dispondrá inmediatamente que se los suspenda en sus cargos, y como al Tribunal Constitucional le faltan cuatro magistrados no podrá seguir sesionando y obligará al Congreso a nombrar nuevos tribunos. Sin embargo, esa victoria se convertirá en derrota en la Cámara de Senadores, donde la oposición tiene mayoría. Podemos, Unidad Nacional y MNR ya han anunciado que frenarán a Morales en el Senado.

En el campo enteramente político, las primeras escaramuzas dieron como resultado ganadores múltiples. El jueves, durante once horas de sesión, el Congreso (suma de la cámara de senadores y de diputados) fracasó en su intento de nombrar a los reemplazantes de los cuatro ministros cesados de la Corte Suprema. El oficialista Movimiento Al Socialismo votó para ratificar a los destituidos por el Tribunal Constitucional, pero se quedó a 27 votos de los 105 necesarios para las designaciones. Sin embargo, para el gobierno la sesión fue una victoria. Si bien no consiguió ratificar a los ministros nominados por Morales en 2006, por primera vez en la historia del país se ingresó a la elección de magistrados con final abierto. Hasta 2005, los partidos con representación parlamentaria negociaban cuotas de poder en el Poder Legislativo y se repartían los juzgados, las fiscalías y los tribunales según su conveniencia.

“Hemos demostrado que este proceso se puede llevar delante de cara al pueblo, sin cuoteos”, dijo García Linera al salir de la sesión.