El futuro de los supremos deberá ser negociado por el gobierno con la oposición junto con la designación de 179 magistrados, porque no consiguió los votos necesarios en el Congreso para hacerlo por sí mismo. Pero mientras debaten los parlamentarios, la guerra entre el presidente, la Corte y el Tribunal no amainaba. En Sucre, la Corte Suprema acusó a Morales de querer defenestrar el Poder Judicial, mientras los miembros del Poder Judicial se declararon los últimos guardianes de la democracia en Bolivia y aseguraron que si el gobierno logra torcerles el brazo, estará en riesgo la democracia. Desde La Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, recordó que Gonzalo Sánchez de Lozada declaraba exactamente lo mismo mientras masacraba El Alto en octubre de 2003. Aseguró que existe un complot entre la Suprema, el Tribunal y los principales líderes de oposición para frenar las políticas del gobierno y difundió una encuesta en la cual el 70 por ciento de la población boliviana considera que el mayor foco de corrupción del país está en el Poder Judicial. La batalla recién comienza y, al parecer, sólo las disposiciones de la nueva Constitución y el cambio total de autoridades podrá concluir con el enfrentamiento.