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El calor agobiante que azota también al otro lado del Río de la Plata no frenó la protesta contra el gobierno de Jorge Batlle. En el 177º aniversario de la independencia de Uruguay, unas 100.000 personas, según los organizadores de la manifestación (40.000, según fuentes oficiales) coparon ayer el centro de Montevideo para pedir un cambio en la política económica. La protesta fue convocada por la central sindical PIT-CNT, la Concertación para el Crecimiento (organización de pequeñas y medianas empresas) y el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA).
El dirigente sindical José Suárez dijo que el Plenario Intersindical de Trabajadores-Confederación Nacional del Trabajo espera alguna respuesta del gobierno a los reclamos, y pasado mañana la plana mayor del sindicato se reunirá para estructurar un plan amplio de movilización en caso de que las demandas no fueran cumplidas. Suárez dijo que la central calculó que desde la libre flotación del tipo de cambio, el pasado 20 de junio, “perdimos entre el 25 y el 30 por ciento del poder adquisitivo de los salarios y vamos a perder mucho más todavía”. El dirigente señaló además que “no queremos desestabilizar a ningún gobierno, lo que queremos que este presidente que dijo que era el presidente de todos los uruguayos gobierne como prometió: para todos”.
En el acto central, Jorge Villar habló en nombre de los empresarios y Jorge Castro por los trabajadores. Leyeron un documento conjunto en el que se llama a “unificar el país” y a “formar grandes mayorías” alternativas. “Esto no va más, el gobierno está paralizado y otro Uruguay es posible”, dijeron los oradores en la proclama que duró unos 45 minutos.
Durante el acto hubo reiteradas referencias a José Artigas. Los sindicalistas convocaron a la marcha con el lema “La patria está en peligro” y el EP-FA, junto al centroizquierdista Nuevo Espacio, bajo la consigna “La causa de los pueblos no admite la menor demora”. La multitud cubrió una decena de cuadras frente al Obelisco de los Constituyentes.
Hasta ahora, el gobierno uruguayo evitó una debacle como la argentina, pero el acuerdo con el FMI implica llevar adelante proyectos de desregulación y privatizaciones que originarán fuertes crisis políticas. Además, el arrastre de la crisis económica es notorio: cuarto año seguido de recesión, proyección de una caída de la actividad del 11 por ciento y de una inflación cercana al 40 por ciento, que junto al aumento de impuestos encareció en mucho el poder adquisitivo de los uruguayos.