Representantes del gobierno nacional y el opositor Consejo Nacional Democrático (Conalde) intentaban anoche firmar un documento que hiciera retroceder las protestas en el oriente boliviano. “Hemos tenido que rediscutir los temas, pero diría que vamos en buen camino. Es mejor tomarse un poco de tiempo para terminar bien que acelerarse mucho y terminar mal o no acabar la tarea”, dijo ayer el medialunero prefecto de Tarija, Mario Cossío. Una vez firmado ese documento, el presidente Evo Morales participaría de las reuniones, en Tarija levantarían los piquetes que mantienen los cívicos y devolverían –sólo en este departamento– los edificios públicos tomados por autonomistas.

Cossío, que hizo esperar por horas a la comisión gubernamental, se hizo el misterioso luego del segundo encuentro: “Estamos bastante cerca de cerrar las bases. No puedo decir cuáles son, serán conocidas cuando acabe este trabajo, pero son las que habíamos discutido con algunos ajustes e incorporaciones que hemos tenido que hacer para priorizar las cosas. Al final tiene que reflejar un consenso de la mayoría”. El prefecto iba a esperar a la finalización de la Cumbre de Unasur para sumarse al diálogo con el grupo de ministros.

Entre los preacuerdos que permiten avanzar el diálogo del gobierno y el Conalde figura la modificación de la nueva Constitución, aprobada en Oruro en diciembre del año pasado. Según Morales, tiene “permiso de los movimientos sociales” para modificar el texto, puntualmente en lo que dice sobre la posesión de tierra, capítulo más doloroso para agroindustriales y latifundistas de las tierras bajas orientales.

El Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu (Conamaq), Elías Quelca Mamani, contó a PáginaI12 que “no permitiremos que se mueva ni un punto ni una coma de la Constitución aprobada en Oruro. El gobierno y la Media Luna nos están raleando a las organizaciones de sus reuniones, donde pedimos participar. Les advertimos que si tocan la nueva Constitución, van a tener problemas”.

Lo mismo con distintas palabras dijo en Santa Cruz el clandestino Pedro Nuny, vicepresidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). Esta organización, Conamaq, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FNMC-BS), la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Confederación de Colonizadores de Bolivia redactaron el texto base de la nueva Constitución, que instauraría en Bolivia el Estado plurinacional, legislado por la Asamblea Plurinacional. Los partidos de derecha chicanean con que esta Carta Magna divide al país en 36 países o “soviets”, en referencia al número de etnias que conviven en Bolivia, con las que se identifica el 64 por ciento de la población.

“Hemos pedido al presidente que no negocie el texto de la nueva Constitución. Los treinta muertos que han tenido que caer en Pando fueron por defender el nuevo texto. Nunca pensamos abandonar nuestra lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. No es una lucha de dos o tres años: desde hace 25 años nos movilizamos para que se respete el derecho a nuestro territorio”, dijo.

En una solicitada que circuló por diarios nacionales ayer, suscrita por familiares de las víctimas de Pando, la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando (Fsutcp), la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc), Cidob y juntas vecinales de Plan 3000, exigieron al Congreso –además de juicio y castigo para los asesinos de El Porvenir– “la convocatoria inmediata de los referéndum constitucionales, dirimidor y aprobatorio de la nueva Constitución”.

Ayer todavía no estaba claro cómo se resolvería el conflicto por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), creado a raíz de las protestas de octubre de 2003, que culminaron con setenta muertos y el presidente acusado de genocidio, Gonzalo Sánchez de Lozada, de vacaciones permanentes en Estados Unidos. Este impuesto hace que a los bolsillos del Estado ingresen millones de dólares cobrados a las empresas que explotan sus hidrocarburos. Conforme crece el precio del petróleo, crece la recaudación. Por eso las prefecturas recibieron este año más de lo calculado por el IDH. No obstante, la Media Luna exige la restitución del 30 por ciento descontado en 2007 por Morales para crear la Renta Dignidad, que mensualmente da 30 dólares a los ancianos. Según cívicos de Tarija que estuvieron en la reunión, el gobierno propuso a las prefecturas quedarse con el excedente que de acá en más se generara para la renta. La Media Luna ayer calculaba si le convenía.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, informó ayer: “Lo que hemos estado haciendo es trabajar un documento que pueda ser suscrito entre todos. Va a reflejar todos los avances que hemos tenido el día viernes”, día en que comenzó el diálogo y el estado de sitio en Pando.