La decisión del Congreso estadounidense de gravar las primas por resultados de los ejecutivos de las empresas que recibieron fondos públicos sembró el pánico en el mundo de los negocios. Según los directivos, la ley supone una grave amenaza a su futura competitividad. “Ello implicará un gran retroceso si perdemos a nuestros colaboradores de talento, porque el Congreso impone una tasa especial a los empleados de los servicios financieros”, se alarmó Vikram Pandit, director general de Citigroup, uno de los principales beneficiarios de los fondos públicos, quien ya anunció que se encuentra discutiendo con otras instituciones y altos funcionarios en Washington con la esperanza de que el Congreso dé marcha atrás.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves un proyecto de ley tendiente a gravar con una tasa de 90 por ciento las primas percibidas por los asalariados cuya remuneración supere los 250.000 dólares anuales para las empresas que hayan recibido más de 5000 millones de dólares de ayuda pública. El texto, si es definitivamente aprobado, se aplicará al Citigroup y a otros cinco bancos, así como a la aseguradora AIG, a las entidades de financiamiento hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac, al fabricante de automóviles General Motors y a su antigua filial de crédito automotriz GMAC. Obama ya había ordenado que los directivos de las empresas que recibieron fondos públicos tuvieran un ingreso máximo de 500.000 dólares anuales.