El gobierno de Estados Unidos reveló ayer nuevas partes de un informe realizado por el inspector general de los servicios secretos en 2004, John Helgerson, sobre los presuntos abusos cometidos en interrogatorios realizados a altos terroristas en el extranjero por agentes de la CIA. Fue un día aciago para la agencia: no sólo se la marginó de un nuevo equipo de élite destinado a ese fin conformado por Barack Obama, sino que, una vez más, fue duramente cuestionada por las revelaciones del informe de Helgerson. Un fiscal fue designado para investigar las denuncias y no se descartan acciones judiciales contra los espías.

El informe, del que varios capítulos siguen clasificados, revela técnicas usadas que van más allá del waterboarding o ahogamiento simulado ya denunciado a comienzos de año. Entre otros métodos, los espías amenazaron a Jalid Sheij Mohammed, presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, con “matar” a sus hijos si volvía a pasar algo en Estados Unidos. Hace unos días, por demás, ya había trascendido que los agentes simulaban ejecuciones y se servían de taladros eléctricos para persuadir a los sospechosos de hablar.

El reporte subraya que aun cuando muchos de los interrogatorios habrían permitido “la identificación y detención de otros terroristas” y “dar la voz de alarma sobre otros atentados en Estados Unidos y otras partes del mundo”, la CIA, como consecuencia, afronta actualmente desafíos políticos y legales potencialmente graves y de larga duración. “Los funcionarios están preocupados porque la revelación pública del Programa CTC pueda dañar gravemente la reputación personal de los agentes de la Agencia, así como la de ésta y su efectividad”, señala el documento desclasificado parcialmente.

Las conclusiones del inspector Helgerson llevaron ayer al secretario de Justicia, Eric Holder, a nombrar a un fiscal especial para que estudie las presuntas torturas de la CIA y contratistas privados en una decena de casos durante la administración de George W. Bush.

“El fiscal federal John Durham (de Connecticut) deberá evaluar si existen suficientes supuestos para abrir una investigación sobre si se violó la ley en relación con los interrogatorios de algunos detenidos”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa desde Washington.

Holder, sin embargo, se encargó de matizar el asunto y aseguró que se trata de una investigación “preliminar” y que ésta no significa “necesariamente” que se vayan a presentar cargos contra agentes ni que suponga una “crítica amplia” a la labor de la CIA.

El organismo de derechos humanos Human Rights Watch aplaudió la designación de un fiscal, pero reclamó una “investigación criminal completa” de las prácticas de interrogatorio.

Por el contrario, el actual director de la CIA, Leon Panetta, manifestó su oposición a la reapertura de investigaciones que consideró como “historia vieja”. En una carta abierta revelada por el diario Político de Washington, Panetta dejó en claro su doctrina de obediencia debida. “Como director de la CIA desde el 2009, mi principal interés, cuando se trata de un programa que ya no existe, es estar del lado de aquellos agentes que hicieron lo que les pidió su país y que siguieron las guías legales que les dieron”, afirmó Panetta, quien recordó a su vez que “esa es también la postura del presidente Obama”.