Desde el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio pasado fue sistemática la violación a los derechos humanos en Honduras. El entramado jurídico-institucional que la asonada legó hace suponer que la situación no cambiará porque asuma un nuevo presidente: en los últimos días, la Corte Suprema sobreseyó a la cúpula militar golpista y el Congreso aprobó una amnistía en nombre de la reconciliación nacional a la que el juramentado nuevo presidente le puso la firma.

Reconocidas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnesty International expresaron su preocupación por la actual coyuntura en el país centroamericano. José Miguel Vivanco, director de HRW para América manifestó su escepticismo en conversación telefónica con Página/12 desde Washington. “Los golpistas lograron su cometido. Veo muy difícil que la situación cambie, dado que la Corte Suprema es golpista, el defensor del pueblo y hasta el arzobispo también lo son y el fiscal general brilló por su ausencia hasta que hace unos días se despertó y decidió acusar a los militares que expulsaron a Zelaya por abuso de autoridad. A esto se suma que los medios de comunicación han estado felices con la censura, algunos periódicos se entregaron voluntariamente a (el presidente de facto Roberto) Micheletti. Es una censura que no recordábamos en América latina. El contexto interno no podría ser más preocupante.”

–¿No cree que Estados Unidos debió ejercer más presión?

–Sí. Pero quiso apartarse del unilateralismo de los años de George W. Bush y prefirió que la solución llegara a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA). No hay que confundir multilateralismo con falta de liderazgo. Obama titubeó, no ejerció un liderazgo inmediato, demoró dos meses en suspenderles las visas a los golpistas. La cancelación de esas visas era un recurso eficaz, porque la elite hondureña tiene vínculos estrechísimos con Miami. Yo creo que Obama tendría que haber aplicado sanciones unilaterales de inmediato, pero su apuesta fue sobre la base de la presión política y diplomática. Por otra parte, una de las lecciones que deja el golpe en Honduras es que como comunidad internacional debemos hacer una reevaluación de los mecanismos regionales.

–Hubo países como EE.UU., Perú, Panamá y Costa Rica que apoyaron las elecciones....

–Lamentablemente, la comunidad internacional está dividida entre los que reconocen al gobierno entrante y los que no. Con la asunción de Lobo se cierra un círculo; en el camino quedan víctimas fatales de los partidarios de Zelaya, cientos de personas que sufrieron abusos y arrestos arbitrarios, muchos fueron golpeados brutalmente. No sé con qué fuerza vamos a exigir que se respeten los derechos de los hondureños.

Entre gallos y medianoche, el Congreso aprobó una amnistía que en principio no incluye la reducción y/o exención de castigo a los responsables por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no significa que en la práctica se investigue lo sucedido, dijo a este diario Javier Zúñiga, jefe de la delegación de Amnesty International que estuvo en Honduras. “No sabemos las intenciones del presidente Lobo. El Congreso es el mismo que participó del golpe y se apresuró a dictar medidas tendientes a darles impunidad a los militares. El texto de la amnistía es vago. Cuando estuvimos allá vimos que tienen una interpretación elástica de la ley. Tenemos muchas dudas de que se investiguen los abusos cometidos luego del golpe y se lleve a los responsables ante la Justicia. No se puede dictar una amnistía antes de identificar a los culpables y condenarlos. Por eso, la medida que tomó el Congreso va a estar sujeta a apelaciones por parte de los grupos de derechos humanos de Honduras.”

La organización Amnesty estuvo dos veces en el país recopilando testimonios. Según los informes, el régimen amenazó e intimidó a activistas de derechos humanos, líderes de la oposición y jueces que rechazaban el golpe; se cerraron medios de comunicación y se censuró a periodistas. También describen actos de violencia contra mujeres y niñas por personal de las fuerzas de seguridad, que golpearon y detuvieron a cientos de personas contrarias al gobierno de facto durante las protestas. Los muertos serían entre 10 y 30. Amnesty le hizo una recomendación al flamante presidente. “Le pedimos a Lobo que exija una rendición de cuentas y un inventario sobre las violaciones a los derechos humanos, que se investiguen las acusaciones y se juzgue a los culpables. El problema actual en Honduras es que las instituciones son incapaces de proteger los derechos de las personas”, señaló Zúñiga.

En la misma línea, Vivanco fue categórico. “Para que los derechos humanos estén debidamente protegidos es fundamental contar con una democracia, con instituciones fuertes, donde la sociedad civil tenga participación y los militares se subordinen al control civil.” La pregunta que cabe formularse es qué intención real tendrá el nuevo gobierno de acabar con la impunidad.

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