Después de la fallida amenaza de Martín Redrado para no asistir a la citación de la Comisión Bicameral, los ánimos parlamentarios cambiaron un poco. La comisión recibió ayer por la mañana a Marcos Moiseeff, subgerente general de asuntos jurídicos de la entidad y a su subordinada, María del Carmen Urquiza. El primero responde a la nueva conducción de la autoridad monetaria, mientras que la segunda fue la que emitió un dictamen en contra del Fondo del Bicentenario y a favor de los intereses de Redrado. Según indicaron a Página/12 colaboradores cercanos a Miguel Pesce, el presidente interino del Central, la línea argumental que presentaron en la Bicameral buscó demostrar que Redrado “habría falseado informes que pretendían desconocer la existencia de reservas excedentes”. En este contexto, el ministro de Economía, Amado Boudou, ya le habría dado el visto bueno a Gustavo Marconato (FpV), titular de la Comisión de Presupuesto, para presentar el dictamen del oficialismo recomendando la remoción definitiva del díscolo Redrado.

Moiseeff es el abogado que emitió –el 5 de enero– un dictamen en respuesta a la solicitud del propio Redrado y el director Sergio Chodos. En él recomendó acatar el DNU que creó el Fondo del Bicentenario. Ese informe fue utilizado por el Ejecutivo para “demostrar” que Redrado incumplía sus deberes de funcionario público al retrasar la aplicación del DNU 2010. Antes de dejar su cargo definitivamente, Redrado decidió correr del medio al abogado –que había sido ascendido por Pesce durante su primer interinato de 24 horas–, actitud que le valió una demanda penal por intentar desplazarlo de manera unilateral. Al tomar las riendas del Central nuevamente, Pesce lo confirmó en su cargo.

Uno de los argumentos expuestos por las autoridades del Central en la Bicameral es que Redrado no tenía potestad para definir la inconstitucionalidad de un DNU. “El se arrogó la potestad de definir un tema que debía ser tratado por el directorio. Quien tiene autoridad en el banco es el directorio, que es un órgano colegiado, y no simplemente su presidente”, indicaron a este diario fuentes de la autoridad monetaria.

La segunda funcionaria que declaró ayer fue María del Carmen Urquiza, gerenta principal de asuntos jurídicos, es decir el puesto que tenía Moiseeff antes de ser ascendido. Urquiza había redactado un informe favorable a los intereses de Redrado. “El Central no ha de seguir órdenes, indicaciones o instrucciones del Ejecutivo. Ningún sentido tendrían las prohibiciones y recaudos establecidos si el Ejecutivo pudiera modificar y fijar excepciones a dichas disposiciones, con la mera invocación de existir urgencia e imposibilidad”, había señalado Urquiza en su informe.

Desde la actual conducción del Central consideraron ese dictamen como un “mamarracho”. En diálogo con Página/12, Moiseeff defendió la creación del Fondo del Bicentenario y señaló que la independencia del Central no puede ser entendida como un “dogma religioso”, y que la misma debe ajustarse a “las necesidades del país”. Moiseeff viene sosteniendo estos argumentos desde hace varios años en distintas ponencias académicas.

Luego de que termine todo el proceso sobre Redrado, el Congreso deberá seguir con el Fondo del Bicentenario. Ya hay miembros del oficialismo parlamentario que consideran la posibilidad de que haya sesiones extraordinarias durante febrero, aunque todo está sujeto a la decisión de la Presidenta y a las negociaciones con los aliados parlamentarios, sobre todo en el Senado.