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El gobierno hondureño está cada vez más cerca de dejar atrás el aislamiento internacional. Ayer Brasil adelantó que le propondrá al resto de América latina la reinserción del pequeño país centroamericano a la Organización de Estados Americanos (OEA), de donde fue expulsado el 4 de julio pasado, apenas siete días después del golpe de Estado cívico-militar que derrocó a Manuel Zelaya. “El presidente Lula no quiere que se prolongue una situación de ruptura del diálogo con el gobierno hondureño”, explicó el vocero de Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a la cumbre del Grupo Río que reunirá a los países de la región en Cancún, México, el próximo lunes y martes. El anfitrión del encuentro, Felipe Calderón, no invitó a su par hondureño. Se disculpó y explicó que, primero, debe volver a la OEA.

El anuncio sonó como música a los oídos del presidente hondureño, Porfirio Lobo. Electo al amparo de los rifles y los tanques del Ejército a finales de noviembre pasado, el mandatario se desvivió para cumplir con todos los pasos formales para ser aceptado, nuevamente, en la comunidad internacional. Después del golpe de Estado –que él apoyó con más o menos énfasis, según el momento político–, la mayoría del mundo suspendió sus relaciones diplomáticas con Honduras. Con las elecciones, la oposición mundial se quebró y algunos países –Estados Unidos, Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá– comenzaron a ablandar su postura y a diferenciar la dictadura surgida del golpe militar del gobierno “democrático” surgido de la dictadura.

En los últimos dos meses muchos países vecinos se sumaron a esta interpretación. Canadá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y, del otro lado del Atlántico, un poco tímidamente la Unión Europea. Otros, Nicaragua, México y ahora Brasil, fueron más ambiguos. “Estamos conscientes de la necesidad de regularizar las relaciones con Honduras”, aseguró recientemente el canciller nicaragüense, Samuel Santos, durante una visita a Madrid. El gobierno sandinista había sido uno de los aliados más férreos del derrocado Zelaya, a quien le dio refugio durante meses después del golpe de Estado.

Pero el guiño de Brasil era el apoyo que Lobo esperaba en el Cono Sur. “El presidente Lula sigue, está claro, preocupado por la cuestión del precedente de ruptura institucional, pero considera importante el retorno de Honduras a la OEA”, adelantó el vocero presidencial, 48 horas antes de la llegada del mandatario a Cancún. Hasta ahora Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile se negaron a reconocer al gobierno electo bajo dictadura, aunque la situación en Chile posiblemente cambie con la asunción del empresario neoliberal, Sebastián Piñera. Además una presión eficaz de Brasilia podría romper el consenso dentro del Mercosur y sumar más apoyos en el Grupo Río a la legitimación internacional de la situación política en Honduras.

Lobo hizo su tarea para estar listo para la cumbre de Cancún. Cumplió, al menos en los formalismos, con los puntos del acuerdo firmado en Costa Rica el año pasado, excepto la restitución de Zelaya en el sillón presidencial. Armó un “gobierno de unidad nacional”, integrado por dirigentes de todos los partidos tradicionales (los mismos que apoyaron el golpe) y un reconocido líder del principal partido de izquierda, el ex candidato a presidente César Ham. Además aprobó una amnistía general, que incluye a militares y civiles, y está formando una comisión de la verdad, que investigará todos los crímenes relacionados con el golpe de Estado, aunque por ahora sólo está compuesta por personas afines a los golpes.

Finalmente, esta semana, firmó la Declaración de Chapultepec, a favor de la libertad de prensa, y retiró la denuncia que había presentado el dictador Roberto Micheletti contra Brasil ante la Corte de La Haya. El presidente de facto había acusado al gobierno de Lula de interferir en los asuntos internos del país, luego de refugiar durante cuatro meses a Zelaya en su embajada en Tegucigalpa.

En los papeles, Lobo deshizo las restricciones de la dictadura y le lavó la cara al gobierno hondureño. Sin embargo, en las calles de la pequeña nación centroamericana los asesinatos de opositores y periodistas y la persecución y el amedrentamiento político aún continúan.