El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Fernando Vincenti, habla del Decreto Supremo 748 con la tranquilidad de quien está convencido de que camina por el sendero correcto. En una entrevista con Página/12 repasó los fundamentos de la decisión, explicó el contexto económico que provocó su aplicación urgente e impostergable y evaluó sus probables consecuencias.

–¿Cuáles son los fundamentos de la eliminación de los subsidios?

–Pretendemos cerrar un enorme agujero financiero provocado por el contrabando de combustible. Hace unos años, el Estado subsidió los hidrocarburos con el objetivo de generar buenas condiciones económicas para el pueblo de Bolivia, y también para ganar competitividad en el mercado interno. Sin embargo, el crecimiento exponencial del consumo y del precio de los derivados (nafta, gasoil) disparó el costo de la subvención para el Estado. En el último quinquenio, destinamos 1500 millones de dólares (a razón de 350 millones por año) en ella. ¿Qué pasaba? El 25 por ciento de ese enorme consumo se desvía hacia el contrabando de esos derivados a países limítrofes, alimentado por la abismal diferencia de precios entre el mercado boliviano y el mercado exterior. Un litro de nafta en Bolivia costaba medio dólar. En los países de la región, el precio no baja del dólar, y en algunos alcanza el dólar y medio. Ahí está el agujero que debemos sanar.

–La otra razón explicada por el gobierno es el fomento a la producción de petróleo. ¿Cómo la medida repercutirá en esa dirección?

–Por un lado, con el aumento del precio en el mercado interno que se produjo al eliminar los subsidios. Además elevamos el precio que los productores de petróleo pueden cobrar por cada barril que lanzan al mercado. Hace cinco años, y para incentivar la producción de gas, el gobierno congeló en 27,11 dólares el precio del barril, que afuera llegó a valer 91. La medida provocó el vuelco de las empresas hacia el gas. Hoy, hay en Bolivia aproximadamente quince empresas extranjeras explotadoras de hidrocarburos que se dedican sólo al gas.

–¿Y eso en qué afecta a la economía del país?

–Bolivia es deficitaria de petróleo para el exponencial nivel de consumo que hoy tiene. Tenemos que importar ese producto de Venezuela a quien, según el Banco Central de Bolivia, debemos 271,9 millones de dólares por compras de los últimos años. Al agujero financiero, se suma la fuga de divisas que provoca esas importaciones. Entonces llevamos a 59 dólares el precio del barril. No queremos desincentivar el gas, sino incentivar el petróleo.

–Con el fin de los subsidios, los precios se dispararon hacia arriba. ¿Cómo analizaron las posibles consecuencias de una decisión tal?

–La medida llega complementada con muchas otras que mitigan el impacto de la suba de los precios. De todos modos, la nivelación del costo de la nafta y el gasoil para el ciudadano consumidor está hecha en base al costo de producción del mercado interno, no mirando lo que puede llegar a pagar el mundo. Ese costo del mercado interno bajará cuando aumente la producción y merme la importación. Decidimos implementar la medida porque consideramos que no se podía esperar más, de acuerdo con el crecimiento del contrabando. No es que no hayamos tenido fortaleza política antes. El estudio de la aplicación de la medida estuvo siempre presente. Sólo que ahora se hizo urgente e impostergable. No creo que sea impopular. Sí lo es el permitir la dedicación de entre 100 y 120 millones de dólares anuales al contrabando.

–¿Qué opina de la comparación de la medida con el liberalismo?

–Hay marcadas diferencias entre la eliminación del subsidio y el neoliberalismo. En esa época, los gobernantes tomaban medidas económicas destinadas a resolver un déficit fiscal que hoy no existe. ¿Cómo lo hacían? Le sacaban plata del bolsillo al pueblo para entregárselo a las empresas transnacionales y para pagar costosas burocracias de la administración estatal, de sueldos jugosísimos. En nuestro gobierno hay superávit fiscal. Incrementamos las reservas de 1600 millones de dólares que había cuando llegamos, a los 10 mil. Además, la medida no está destinada a cerrar la brecha del déficit sino a mantener un modelo económico exitoso que tiene en cuenta al pueblo.