Honduras se quejó ayer por cómo encaró el gobierno de México la investigación de la masacre de Tamaulipas, en la que 72 inmigrantes fueron asesinados por grupos narco. Las mismas críticas se escucharon de los gobiernos guatemalteco y salvadoreño por el último secuestro de 50 indocumentados en Oaxaca. Mientras tanto, un religioso aseguró que la captura y la extorsión de migrantes es un negocio mafioso redituable.

El vicecanciller hondureño, Alden Rivera, que estuvo ayer en México para recibir de la administración del presidente Felipe Calderón informes sobre el secuestro de migrantes centroamericanos en su paso rumbo a Estados Unidos, afirmó que el Ejecutivo azteca mostró “poca contundencia” al investigar la masacre de 72 latinoamericanos en Tamaulipas. “La información al respecto ha sido poca para Centroamérica y sólo se tiene conocimiento de que existen ocho detenidos vinculados con el crimen”, afirmó ayer el vicecanciller Rivera.

En tanto, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, informó que en 2010 hubo un total de 222 denuncias de secuestro de inmigrantes centroamericanos en México. Beltrán del Río explicó que el mayor número de estas 222 denuncias fueron presentadas en los estados norteños de Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, y en los sureños de Chiapas y Oaxaca. “Estas denuncias son investigadas”, aseguró el funcionario, que también se refirió al secuestro de al menos medio centenar de inmigrantes centroamericanos en Oaxaca, el 16 de diciembre último. Sin embargo, el funcionario debió comparecer ante el Congreso mexicano, para explicar por qué el INM, con respecto a ese violento episodio, primero dijo que no tenía evidencias de que hubiese ocurrido, pese a las denuncias en contrario de los gobiernos salvadoreño y guatemalteco. Tras las declaraciones de trece personas que lograron escapar de ese secuestro, el INM modificó su postura y debió abrir una investigación. Guatemala y El Salvador se sumaron ayer a la catarata de críticas contra Los Pinos y pidieron que se investigue el paradero de los migrantes desaparecidos hace trece días.

Por otra parte, el padre Alejandro Solalinde, coordinador pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Oaxaca, aseguró, en una entrevista con el diario mexicano El Milenio, que en los últimos seis meses el secuestro y extorsión de migrantes dejaron ganancias por 25 millones de dólares a la delincuencia organizada. Además, el sacerdote precisó que, detrás de ese negocio, no sólo están las organizaciones criminales, sino también políticos, agentes federales y del INM. En la entrevista, recogida por la agencia cubana Prensa Latina, el religioso sostuvo que el Istmo de Tehuantepec puede considerarse “la capital de secuestro en América latina” por el elevado número de delitos de ese tipo que se cometen. Solalinde fue el primero en denunciar el secuestro de 50 indocumentados centroamericanos en el poblado de Santa María Chahuites, en Oaxaca. Asimismo, el clérigo también denunció las amenazas que recibió y que involucran tanto al cartel de Los Zetas como a algunos políticos.