El propio Pepe Mujica suele levantar una ceja cuando lo dice: “Quieren hacernos pelear entre nosotros”. Y agrega: “No hay que darles el gusto”. No le pone sujeto a la frase, y eso es parte de su picardía política, pero la repite cuando queda involucrado en una situación que no buscó: la de un Pepe caricaturizado como una suerte de oriental moldeado a gusto del establishment.

El 30 de marzo, Mujica dijo durante un acto en la embajada argentina: “No soy hombre de lamentarme ni de lamerme las heridas. Aprendí que en la vida hay deudas que nunca se pagan y cuentas que nunca se cobran. Elijo, sin olvidar el pasado, mirar hacia adelante”.

Sus críticos por izquierda hicieron lo mismo que sus aduladores por derecha: esquivaron la expresión “sin olvidar el pasado”. Es decir, quisieron menemizarlo.

El problema para Mujica es que hasta la votación de ayer en el Senado parecía eterno el vigor de dos consultas vinculantes. Una en 1989, por la que la mayoría del pueblo se pronunció a favor de la impunidad para los militares que habían violado los derechos humanos. Otro referéndum, con el mismo resultado, se realizó en octubre de 2009, junto con las últimas elecciones presidenciales que ganó, justamente, Mujica. Dirigentes del Frente Amplio acostumbran reflexionar que la simultaneidad fue un error. El tema no estaba candente y los candidatos se concentraron en sus campañas, con lo cual una consulta que podría haber tenido otro resultado en otro momento, por ejemplo en estos días, repitió la frustración del ’89.

Uruguay tiene una característica peculiar. Salvo la consulta sobre la caducidad, cada referéndum dio un triunfo a la izquierda. Logró mayoría para rechazar una Constitución que quería dejar de regalo la dictadura, para oponerse a la enajenación de empresas públicas y para que no se privatizaran el agua potable y las cloacas. En la última victoria, en particular, sí fue útil la simultaneidad entre la campaña por el agua y la presidencial. Como el tema estaba instalado en la discusión cotidiana de los uruguayos, Tabaré Vázquez y el Frente Amplio lo capitalizaron para vencer en las presidenciales del 31 de octubre de 2004, que dieron lugar al primer gobierno del Frente el 1º de marzo de 2005.

La coalición de gobierno quedó, así, en una disyuntiva. Por un lado las consultas ya eran parte de su tradición política de legitimación popular. Por otro, en materia de derechos humanos habían dado un resultado contrario al que buscaban. Con otra singularidad más: incluso en medio de la vigencia de la Ley de Caducidad de 1986, el avance en la comprensión cada vez más masiva del pasado dictatorial permitió o sirvió de presión, según el caso, para que una parte de la Justicia encontrara recovecos legales y pudiera juzgar a oficiales en actividad y en retiro. A la vez, Mujica recortaba presupuesto a las Fuerzas Armadas. Este cuadro explica la discusión intensa sobre el tema dentro del Frente Amplio. El FA decidió por mayoría reformar la Ley de Caducidad. Por respetar esa mayoría es que anunció la renuncia a su banca de senador el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, preso de la dictadura como Mujica, quien insistió en que seguiría comprometido con el gobierno y el FA. Fernández Huidobro votó a favor de la iniciativa por disciplina partidaria, al revés de su colega Jorge Saravia, que votó en contra. Recién después Fernández Huidobro renunció. La renuncia es una facultad individual. El voto es una decisión política, es decir de compromiso colectivo.

“La Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, dijo este año en el caso Gelman vs. Uruguay el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desató la discusión de ayer en el Senado.

Más allá del debate en Uruguay y sus costos –si es que los tiene–, quizá convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese: la ola del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los exiliados argentinos y los organismos de derechos humanos tomaron principios que venían del Juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis, el Juicio a las Juntas de 1985 los recuperó, la doctrina creció con los juicios por la verdad, se hizo más intensa con la discusión que desató el apresamiento de Augusto Pinochet en Londres, se consolidó con los juicios en Chile y se afirmó tras la anulación de la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto. Hasta Brasil de las Fuerzas Armadas intocables creó, con Lula, su Comisión Nacional de la Verdad para investigar la dictadura 1964-1985 y la presidenta Dilma Rousseff definió que la cuestión de los derechos humanos –tanto para intervenir contra la lapidación de una iraní como para cuestionar las torturas de la base norteamericana de Guantánamo– será parte de su estrategia diplomática.

Una ola imparable.

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