El proyecto interpretativo que aprobó ayer el Senado pretende dejar sin efecto la ley 15.848, más conocida como Ley de Caducidad. En concreto, como se trata de una norma interpretativa no anula a la sancionada en 1986, pero hace que algunas partes de ella dejen de estar vigentes. Según el proyecto interpretativo, los artículos de la Ley de Caducidad que violan la Constitución uruguaya son:

- Artículo 1: Allí se reconocía que prescribió la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.

- Artículo 3: En esa parte se establecía que el juez que recibiera una denuncia debía pedir al Poder Ejecutivo que determinara si ese hecho estaba comprendido dentro del artículo 1, es decir si ya había cesado la voluntad estatal de castigar ese crimen.

- Artículo 4: El juez podía remitir al Poder Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley (diciembre de 1986) para que dispusiera investigaciones.

En el proyecto interpretativo se deja en claro que no puede invocarse la cosa juzgada ni las prescripciones para los secuestros, desapariciones o asesinatos. También que todas las causas judiciales que quedaron suspendidas por la vigencia de la Ley de Caducidad serán reiniciadas de oficio. De acuerdo con lo que explicó a este diario el senador Oscar López Goldaracena, se le introdujeron algunas modificaciones a la iniciativa que en octubre pasado obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En los últimos retoques se hizo especial énfasis en la independencia del Poder Judicial. Pero además, se toman en cuenta todas las veces que la Corte Suprema de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y se generalizan esos efectos. “Las modificaciones que se realizaron no hacen a la esencia del proyecto aprobado en Diputados, pero sí lo mejoran. Los cambios se hicieron obedeciendo a algunos planteos de constitucionalistas.

“Básicamente, se declara incompatible la Ley de Caducidad con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por Uruguay para asegurar la total vigencia de los derechos humanos”, explicó a Página/12 el diputado oficialista Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo en el Frente Amplio. Puig confirmó que el 4 de mayo se estará votando el proyecto en la Cámara de Representantes. Se espera que la ratificación de los diputados sea sólo un trámite.

Informe:Luciana Bertoia