El líder opositor venezolano Henrique Capriles pidió ayer a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den una respuesta al “conflicto constitucional” que enfrentará el país si el presidente Hugo Chávez, hospitalizado en Cuba, no puede jurar su tercer mandato el jueves. Además, pidió a los jefes de Estado de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia que no se presten a “un juego de un partido político”, en referencia a la decisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de que el actual gobierno siga en funciones después del 10 de enero.

La presidenta argentina, Cristina Kirchner, debe viajar el jueves a La Habana, mientras que los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Bolivia, Evo Morales, confirmaron que ese día participarán en un acto frente al Palacio de Miraflores de apoyo a Chávez y a su gobierno. “Yo no sé qué están esperando los magistrados del TSJ. En Venezuela en este momento se plantea un conflicto sin duda alguna constitucional, tiene que haber una respuesta de la institucionalidad frente a ese conflicto”, aseguró en rueda de prensa Capriles, derrotado cómodamente por Chávez en las presidenciales del pasado 7 de octubre. “Aquí no hay una monarquía. Acá tampoco estamos en un sistema cubano para pasar el poder de unos a otros”, declaró el líder opositor, copia de la Constitución bolivariana en mano.

Horas antes, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alertó en una carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de una posible “grave violación al orden constitucional” si el gobierno continúa en funciones después del día 10. “Si para el 10 de enero no se produce la juramentación (sic) del presidente y no se activan las disposiciones constitucionales relacionadas con la falta temporal del presidente de la República, se habrá consumado una grave violación al orden constitucional en Venezuela”, afirma la misiva enviada el lunes por la MUD.

La MUD insistió en la carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en que se declare la “falta temporal” de Chávez y que en su lugar asuma temporalmente la jefatura del Estado el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.

Por su parte, Brasil afirmó el lunes que la prolongación del actual gobierno de Chávez “por un plazo prudencial” es un proceso “cubierto perfectamente por los dispositivos constitucionales”, según declaró el asesor internacional de la presidenta Dilma Rousseff, Marco Aurelio García.

Estados Unidos, en tanto, consideró que compete a los venezolanos discutir el camino a seguir si Chávez no puede ser investido el jueves.

“Ese es un tema que los venezolanos deben decidir y deben hacerlo de forma en que se incluyan a todas las voces en la discusión, y de forma libre”, declaró la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.

A su vez, la Conferencia Episcopal Venezolana reiteró este martes que considera “moralmente inaceptable” alterar la Constitución para “alcanzar un objetivo político”.