Por C. N.
Desde Lima

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sindica a Sendero Luminoso de ser “el mayor perpetrador” de las violaciones a los derechos humanos, y le carga el 54 por ciento del total de las muertes y desapariciones. Lo califica como un grupo de “ideología fundamentalista” que está “reñida con todo valor humanitario”, y lo acusa de cometer “acciones terroristas”, “asesinatos y aniquilamientos selectivos”, “masacres y arrasamiento de comunidades enteras”, y desarrollar “una política de genocidio”. A pesar de tan explícita y contundente condena al senderismo, los críticos de la CVR insisten en acusarla de simpatías prosenderistas para intentar así desacreditar el contenido de su informe.
En algunos casos, las reacciones contra este documento han llegado a niveles inesperados y alarmantes. El congresista de la derechista Unidad Nacional (UN), Rafael Rey, personaje ligado al Opus Dei, no solamente acusó a la CVR de favorecer el terrorismo, sino que, en abierta apología a la guerra sucia desarrollada en Argentina por las Fuerzas Armadas, declaró su admiración por el almirante Emilio Eduardo Massera y sus métodos represivos. El tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Infantas, miembros del Frente Independiente Moralizador (FIM), pequeña agrupación política aliada del gobierno de Alejandro Toledo, apuntó en la misma dirección: “Si no hay otra alternativa, se puede matar a 100 personas”, argumentó en defensa de los militares acusados de cometer asesinatos masivos. Y el parlamentario fujimorista Alfredo Gonzales pasó de las palabras a los hechos: presentó ante la Fiscalía una delirante acusación por terrorismo contra los miembros de la CVR. En esta ofensiva contra la Comisión de la Verdad y su revelador informe han coincidido los seguidores del prófugo ex presidente Alberto Fujimori, acusado de tener responsabilidad penal por las operaciones del escuadrón de la muerte Colina, y los máximos dirigentes de la centroderechista Acción Popular del fallecido ex presidente Fernando Belaúnde (1980-85), y del socialdemócrata Partido Aprista del ex mandatario Alan García (1985-90). Ambos gobernantes han sido acusados de tener “una grave responsabilidad política” por lo ocurrido. Las FF.AA. todavía no se han pronunciado.