Por Rosa Townsend *
Desde Miami

Las principales obras de reconstrucción de Irak están paralizadas, a pesar de que el Congreso de EE.UU. ha aprobado 18.700 millones de dólares para realizarlas, porque los funcionarios responsables de repartir los nuevos contratos no se ponen de acuerdo, señalan fuentes del Pentágono. La discrepancia se centra en cuatro puntos: si deben conceder contratos de urgencia sin concurso, cuántas empresas seleccionar, si abrir o no las licitaciones a extranjeros y quién va a supervisar todos los proyectos para evitar abusos.
La última pregunta parecía haber quedado respondida con la apertura este mes en Irak de la Oficina de Reconstrucción de Infraestructura (IIRO) del Pentágono, dirigida por el almirante David Nash, pero los recelos de las agencias que hasta ahora se habían encargado están forzando a revisar los planes. Es probable que, señalan las fuentes, aunque IIRO sea la que centralice el reparto y la supervisión tenga que contar con las firmas de la Oficina de Ayuda Internacional del Departamento de Estado y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, lo cual alargaría más el proceso.
Aunque a primera vista la comunidad internacional pueda interpretarlo como una desavenencia interna del gobierno de EE.UU., esta situación tiene gran trascendencia para las cientos de empresas de todo el mundo que aspiran a un pedazo de la “tarta” de reconstrucción. Un aspecto clave de las discusiones es precisamente si limitar los contratos financiados por el Tesoro norteamericano a empresas de EE.UU. o incluir extranjeras, que de otra manera sólo podrían optar los trabajos financiados con lo recaudado en la Conferencia de Madrid. La decisión sobre este aspecto se anunciará la semana que viene en una conferencia en Washington, a la que el Pentágono ha convocado a cientos de empresas, la mayoría estadounidenses, para explicarles los requisitos de los contratos.
Pero el área de mayor fricción entre los funcionarios del Pentágono que discuten a contrarreloj las normas de contratación es si reservarse un margen de discrecionalidad que les permita dar trabajos sin pasar por concurso por razones de urgencia. Ya lo hicieron en la primera fase con la empresa que dirigía el vicepresidente Dick Cheney, Halliburton, y el resultado ha sido desastroso para la imagen de transparencia que quiere dar la Casa Blanca. La petrolera Halliburton se llevó en secreto un mes antes de empezar la guerra un proyecto que ya le ha reportado 2300 millones, convertido en sinónimo del tráfico de influencias que también afecta en mayor o menor nivel a otros contratos y que es objeto de una investigación de la Oficina de Contraloría del Congreso.
En la fase de reconstrucción que ahora se debate, el Pentágono va a seleccionar como máximo a 20 empresas para los contratos de 18.700 millones de dólares, de acuerdo con las fuentes consultadas. La mayoría de ese dinero iría no obstante a parar a las manos de cuatro o cinco grandes empresas. “No hay ningún impedimento para que sean las mismas que ya realizan trabajos de reconstrucción”, afirma un funcionario del Pentágono. De ser así, incumpliría el objetivo de “transparencia y racionalización” con el que la Casa Blanca ordenó crear la IIRO.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.