Iglesia, Fuerzas Armadas y analistas políticos están actuando bajo el supuesto de que la solución a la crisis política de Bolivia es la convocatoria a elecciones anticipadas. Por cierto, es una mejor salida que lo que hubiera sido el ascenso al sillón presidencial de un político impopular y polarizador como Hormando Vaca Díez, pero eso no significa que las elecciones –cuyo camino quedó desbloqueado tras la renuncia de los dos titulares del Congreso– sean una panacea, sino sólo un modo de aclarar quién representa a quiénes y a cuántos después de una cadena de hechos traumáticos –la represión de Gonzalo Sánchez de Lozada, su derrocamiento popular, la aprobación de la polémica Ley de Hidrocarburos, la escalada de la protesta social a reclamos de renacionalización de la energía y ahora el vacío de poder– que han dejado al Congreso existente –y a su titular, el mismo Vaca Díez– como reliquias de tiempos largamente extintos.
Pero las elecciones mismas conllevan un riesgo casi seguro: que el panorama de extrema fragmentación en el Congreso se reproduzca –aunque con distintas proporciones según los distintos partidos– y que el presidente resulte nuevamente elegido con menos del 50 por ciento de los votos –en Bolivia no hay segunda vuelta–, dejando la decisión final en manos de un Parlamento desesperadamente incapaz de producir un consenso nacional genuino. Esa debilidad de las instancias institucionales lleva en su seno el fantasma de la ilegitimidad, sobre todo para un presidente que –sea quien sea el sucesor después del sucesor de Carlos Mesa– deberá decidir sobre dos cuestiones cruciales –y, en el fondo, mutuamente contradictorias– para el futuro económico del país: la Ley de Hidrocarburos (que se supone que es nacional, y que eleva el nivel de tributación de las compañías extranjeras que operan en Bolivia) y las demandas de autonomía de departamentos como Santa Cruz de la Sierra y Tarija, principales productores de esos mismos hidrocarburos, que buscan en definitiva limitar el nivel de sus aportes al Tesoro nacional, quedarse con más de lo que producen y establecer sus propios acuerdos económicos con las compañías multinacionales o con quien sea. En esta contradicción está latiendo la bomba de tiempo de un separatismo que puede desgarrar el frágil tejido de las dos o más Bolivias que hoy asoman en el horizonte.
Por eso, las elecciones anticipadas son condición necesaria, pero no suficiente para la salida a la crisis. Y eso si una decisión unilateral de los departamentos secesionistas, no provoca una renovada erupción de la violencia.