Desde Madrid *

El Gran Hermano sigue haciendo de las suyas. El gobierno estadounidense tuvo acceso a los datos bancarios de miles de personas en todo el mundo, escudado en su batalla contra el terrorismo internacional y en paralelo a su programa de escuchas telefónicas y de intervención de correos electrónicos. Así lo develaron dos de los principales periódicos de ese país. Citando fuentes oficiales, aseguraron que las autoridades se han hecho de una base de datos de transacciones financieras privadas de gente que, en su mayoría, no tiene nada que ver con grupos terroristas. Según Washington, el Banco Central Europeo estaba al corriente de esta operación.

El programa de espionaje financiero se puso en marcha poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York. Su objetivo era rastrear la identidad y las actividades de presuntos terroristas a partir de sus movimientos financieros. De hecho, lo que hizo fue recabar una inmensa cantidad de datos sobre transferencias internacionales de dinero durante los últimos cinco años, según fuentes oficiales citadas por los diarios The Washington Post y The New York Times. Para ello no hizo uso de órdenes judiciales individuales, sino de un poder administrativo para situaciones de emergencia.

“Este es un programa que fortalece la seguridad de los estadounidenses y del mundo”, afirmó John Snow, el titular del Departamento del Tesoro, que supervisa ese programa secreto de la CIA. Snow dijo que el programa no viola el derecho a la intimidad de los estadounidenses, sino que demuestra la responsabilidad y eficacia del gobierno en la lucha global contra el terrorismo. “El programa es una herramienta clave para evitar la financiación de actividades terroristas y se lleva a cabo respetando los valores democráticos, y nuestras mejores tradiciones legales”, indicó Snow. Esta operación de espionaje marchaba en paralelo con la realizada por la agencia de seguridad nacional (NSA, por sus siglas en inglés) mediante la intervención de llamadas, correos electrónicos y otras comunicaciones.

La noticia del espionaje se dio a conocer por boca del gobierno. Enterado de la inminente difusión de la noticia en The New York Times, la Casa Blanca envió el jueves por la noche al subsecretario del Tesoro para asuntos de inteligencia financiera y terrorismo, Stuart Levey, a que revelara todo en un programa televisivo buscando minimizar la repercusión pública. El diario denunció incluso que recibió presiones de la administración Bush para no publicar el artículo.

Según Levey, Washington obligó a un consorcio bancario internacional con base en Bruselas (Bélgica) a abrirles sus archivos confidenciales a la CIA, el FBI y otras agencias norteamericanas. La Sociedad Internacional para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias (Swift, por sus siglas en inglés) encauza miles de millones de transacciones bancarias cada año entre unas 7800 entidades de todo el mundo. En un comunicado oficial, la empresa ha reconocido haber recibido orden de Estados Unidos de suministrarle información sobre sus actividades y clientes. Levey quiso dejar claro ayer en cualquier caso que el programa de espionaje es completamente legal, y se basa en una legislación que permite a Bush ordenar este tipo de operaciones en una emergencia.

Los especialistas en la lucha contra el terrorismo han intentado acceder a esta base desde hace más de 15 años, pero hasta ahora no habían conseguido por el daño que podría ocasionar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones bancarias. Tras el 11-S, el presidente estadounidense, George W. Bush, decidió obviar esa cuestión y ordenó “investigar, regular o prohibir” cualquier transacción financiera extranjera relacionada con “una amenaza inusual o extraordinaria”. Bajo este paraguas, se intervino la citada base de datos, en la que consta el nombre, número de teléfono, número de cuenta y otra información de los usuarios bancarios.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.