Las cuatro entidades del campo endurecieron su posición y anunciaron ayer la continuidad del lockout al menos hasta el martes, cuando volverán a reunirse para evaluar la situación. Los productores exigen que se dé marcha atrás con las retenciones móviles y afirman estar dispuestos a extender la protesta por tiempo indeterminado si no obtienen respuesta. Desde el Gobierno, respondieron que no habrá cambios en el sistema y volvieron a criticar a los chacareros. El conflicto pareciera ingresar así en un callejón sin salida.

Los dirigentes rurales se muestran entusiasmados con la adhesión que viene generando la protesta en las provincias del interior. Ayer se cortaron rutas en decenas de localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco. Ese entusiasmo se trasladó a los discursos de varios referentes que parecían estar protagonizando el Grito de Alcorta, la célebre revuelta chacarera de 1912.

“Como decía San Martín, el enemigo podrá ser grande, pero es más grande si lo vemos de rodillas y nosotros vamos a estar de pie para luchar”, sostuvo Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, durante un acto en San Pedro donde se confirmó la medida de fuerza. “Nos están diciendo que no aflojemos, tenemos los huevos para no aflojar”, agregó Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas. Hasta el titular de la aristocrática Sociedad Rural, Luciano Miguens, se envalentonó en el palco y se sumó a la arenga con un “¡aflojar, nunca!”.

Entre “las bases” fueron más allá e incluso algunas asambleas de productores, como la de Colón, propuso “cortar los accesos a Buenos Aires para desabastecerla”. También hay propuestas para marchar con los tractores hacia la Plaza de Mayo. No obstante, ayer hubo consenso en que durante Semana Santa sólo se mantendrán guardias mínimas en las rutas para “no perjudicar el tránsito particular y de pasajeros durante la festividad religiosa”. “Nos vamos a quedar al borde de la ruta para comunicarle nuestra situación a los automovilistas”, señaló a este diario un productor de Salliqueló.

Varios analistas sostienen que la continuidad del lockout podría generar desabastecimiento de algunos alimentos clave. Sin embargo, Página/12 confirmó que por ahora el único temor se circunscribe a lo que pueda llegar a ocurrir con la carne, pues los molinos y las usinas lácteas afirman que los productores les están proveyendo harina y leche con normalidad (ver aparte).

“El productor ordeña la vaca dos veces por día y si no vende la leche la tiene que tirar”, aseguró a este diario un dirigente rural, intentando justificar ese accionar. No obstante, resulta llamativo que se promocione un “paro agropecuario”, cuando tranqueras adentro la peonada garantiza que la actividad siga siendo relativamente normal y cuando lo único que se deja de comercializar es un producto que genera un fuerte impacto en la opinión pública y que se puede retener algunos días sin correr riesgos de tener que afrontar pérdidas significativas, tal es el caso de la hacienda.

La decisión de extender el lockout por tiempo indeterminado representa un riesgo para los consumidores, pero también supone un desafío para los propios productores, pues en ese caso deberían tener que estar dispuestos a afrontar un costo económico que hasta ahora han logrado evitar con una medida que se apoya más en las manifestaciones y los cortes de ruta que en un lockout propiamente dicho.

No obstante, hasta el momento la protesta tiene muchas chances de continuar más allá del martes e incluso de radicalizarse, pues el diálogo entre las partes está prácticamente roto. Para el Gobierno la medida de fuerza es injustificada. El secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, sostuvo ayer a Página/12 en una entrevista exclusiva que si se toma el valor de la soja con las retenciones de diciembre, que eran del 35 por ciento, el margen bruto, por hectárea, en la mejor zona, era 1566 pesos por hectárea y ahora es de 1752 pesos, aún con retenciones móviles.

Además, el funcionario aseguró que van a desplegar políticas activas para evitar que los costos reduzcan la rentabilidad y contemplar especialmente la situación de los productores de zonas marginales. Sin embargo, dejó en claro que no van a dialogar mientras los productores mantengan el lockout. Lo mismo señaló ayer el ministro del interior Florencio Randazzo. “El Gobierno no negociará bajo presión, ni extorsión”, aseguró.

Los productores no se ven seducidos por las promesas oficiales porque su objetivo central es derribar las retenciones móviles. Las consideran un instrumento utilizado para concretar una confiscación y no hay promesas de plan integral o subsidios que los lleve a aceptarlas. Los sectores más liberales sólo estarán conformes cuando el Estado deje de intervenir en el mercado y les permita obtener el precio pleno por las producciones que exportan. Una posibilidad que tiene el Gobierno es romper el frente común que sostiene las protestas logrando la adhesión de los pequeños y medianos productores enrolados en Federación Agraria, una entidad que, al menos en el discurso, siempre ha manifestado menos rechazo hacia la intervención estatal. El problema es que este grupo es actualmente uno de los que sostiene las posturas más duras, confundiéndose en los reclamos con los sectores más liberales.

Al remarcar constantemente que la única salida es la eliminación de las retenciones móviles, los dirigentes agropecuarios se están encerrando en un callejón sin salida porque cualquier otra solución será vista por “las bases” como un fracaso. Del otro lado, tampoco queda margen de accion. Todos los funcionarios del gabinete que opinaron sobre el conflicto dejaron en claro que las retenciones no se tocan y que no negociarán mientras continúen el lock-out, las manifestaciones y los cortes de ruta. Si alguien no da el brazo a torcer, el conflicto continuará profundizándose y sin duda se vivirán días más agitados.