Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta Nacional de Granos y conocedor del sector agrario argentino, denuncia un millonario negocio irregular al que están accediendo los exportadores de aceite de soja. La operatoria alcanza la friolera de 2000 millones de dólares que el Estado deja de cobrar y, en cambio, transfiere a los expoaceiteros. Ferrari explica en esta entrevista con Página/12 los mecanismos por los cuales se realizan tales transferencias de impuestos a manos privadas y la agudización del fenómeno con las actuales modificaciones de las retenciones.

–En base a su investigación, ¿cómo es el mecanismo que permite esa apropiación de impuestos por parte de los exportadores de aceites de soja?

–Para entender el proceso hay que tener en cuenta, por un lado, que la forma en que se determina el precio interno que el agricultor cobra del exportador por la soja es el valor internacional menos las retenciones. Por otro, hay que considerar que el exportador es quien funciona como agente de retención del impuesto y lo paga recién después de que se embarcan los granos hacia el exterior. Ahora bien, la retención se calcula sobre el precio FOB del día que el exportador registró la venta en la Secretaría de Agricultura por medio de un formulario denominado Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE).

–Entonces, ¿qué pasa?

–El punto relevante es que la DJVE permite congelar el nivel de retenciones, tanto los precios como las alícuotas, en un momento previo a la venta real, ya que no exige necesariamente la compra previa del grano. De esta manera, pese a que el agricultor pague un aumento de retenciones que se le deducen del precio que cobra, el exportador registra la venta en un momento previo a tal suba, evadiendo sus compromisos fiscales y, en definitiva, apropiándose del impuesto que debía trasladar al Estado por ser agente de retención. Esta situación ya había generado repercusiones a fines del año pasado en Diputados y Senadores por la discusión de una reglamentación que buscaba evitar ese fraude. Sin embargo, esto no avanzó.

–¿Por qué el esquema de retenciones permite esas maniobras?

–Las idas y vueltas legislativas datan de fines del año pasado. En noviembre, las retenciones aumentaron de 28 a 35 por ciento. Con esta suba ya casi descontada de antemano, los exportadores declararon en las DJVE, antes de que rigiera la nueva alícuota, ventas por 18 millones de toneladas cuando en realidad sólo 4 millones habían sido compradas. Evidentemente, esto fue para pagar la retención con el porcentual previo al aumento. En efecto, las restantes 14 millones de toneladas eran ventas falsas. Esta situación hizo ruido en Diputados y a partir de ahí se impulsó la ley 26.351 para limitar el registro de ventas al exterior solamente para los casos en que hubiera una “verdadera compra previa del grano en el mercado interno”. Sin embargo, los remiendos de la ley impulsados por el senador oficialista Roberto Urquía, dueño de la Aceitera General Deheza, dejaron sin efecto el proyecto de Diputados que hubiera sido un paso para la recuperación de estos impuestos. En suma, la situación es aberrante. Con el actual nivel de retenciones y precios de la soja la magnitud del “impuesto privatizado” se encuentra alrededor de los 2000 millones de dólares.

–¿Cómo calculó esa suma?

–Como las DJVE dejan fijos los precios y alícuotas aplicadas a los niveles previos, o sea, del momento en que se declara la venta externa, los 500 dólares que aproximadamente se cobran hoy por la tonelada de soja, se registran a 340 dólares, precio vigente en octubre. Es decir, 160 dólares menos por tonelada. Y teniendo en cuenta que las toneladas declaradas como vendidas sin comprar alcanzan los 14 millones de toneladas, se llega a 2240 millones de dólares, de los cuales el Estado debe cobrar la actual tasa de 44 por ciento. Así se llega casi a 1000 millones de dólares de “impuesto privatizado”. A su vez, a esto se le debe sumar el subsidio que recibe el biodiésel exportado, que en un 80 por ciento está hecho con aceite de soja. Así se alcanzan los 2000 millones de dólares.

–Entonces, con la nueva retención aumenta el monto del “impuesto privatizado”.

–Efectivamente. Con la anterior alícuota, el monto final del impuesto privatizado era menor. De todas formas, no quiero decir con esto que las retenciones sean una mala medida, ésa es otra discusión. Acá lo que tiene que quedar claro es que se está produciendo un fraude.

–¿Cuál es la solución?

–Está al alcance del secretario de Agricultura. El artículo 8 de la hoy vigente ley 21.453 lo faculta para sancionar y anular las DJVE falseadas.