La Cámara Federal ya tiene escrito un fallo para anular el indulto que benefició a José Alfredo Martínez de Hoz y que impidió durante veinte años su juzgamiento. En la causa en la que prevé pronunciarse el tribunal, el ex ministro de Economía de la dictadura está acusado del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido el 5 de noviembre de 1976. Una vez que reciba la sentencia, el juez Norberto Oyarbide evaluará si existen pruebas que ameriten que vaya preso.

La resolución que prepararon los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani podría incluso ser firmada hoy, si no se presenta ningún contratiempo, según pudo saber Página/12. El tribunal –las dos salas que lo integran– ya ha dicho en otros casos que los indultos son inconstitucionales porque se han aplicado para perdonar delitos de lesa humanidad, que no pueden recibir ningún tipo de amnistía, como indica la legislación internacional que Argentina suscribe. Lo mismo ha sostenido la Corte Suprema. Pero cada caso se resuelve en forma individual.

Los Gutheim, padre e hijo, fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Los arrestó en su casa un grupo del Ejército que no llevaba orden escrita y estuvieron cautivos durante cinco meses y dos días, al comienzo en el Departamento Central de Policía y luego en la cárcel de Caseros. Los liberaron el 6 de abril de 1977, con otro decreto que pretendía dar aspecto de legalidad a los hechos.

El verdadero objetivo de tenerlos en prisión fue que entablaran la renegociación de un convenio de exportación con empresarios de Hong Kong que se había frustrado, de lo cual Martínez de Hoz se había enterado en un viaje oficial. Se buscaba forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara ese acuerdo que le permitiría a la dictadura obtener importantes líneas de crédito. Para eso, durante su detención, los Gutheim fueron llevados en cuatro oportunidades a las oficinas donde transcurrían las tratativas con los chinos. En las reuniones, que se hicieron en enero de 1977, siempre participaba algún representante del ministro de Economía.

El dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y Martínez de Hoz estuvieron presos en 1988 por orden del entonces juez Martín Irurzun (ahora camarista), que los responsabilizó de la privación ilegal de la libertad de los empresarios. Luego, la Cámara Federal confirmó la detención de los dos primeros como coautores del decreto pero liberó al ex ministro de Economía por considerar que en ese momento no había pruebas suficientes sobre su intervención en el secuestro. Los tres resultaron favorecidos tiempo después por los indultos de Carlos Menem, lo que truncó –como en tantos casos– la posibililidad de que fueran juzgados y recibieran sentencia.

La reapertura de la causa sobre los Gutheim ocurrió en 2006, cuando el juez Oyarbide hizo lugar a un reclamo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, al que después se sumó la Secretaría de Derechos Humanos. Los organismos habían conseguido que impulsaran la causa el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal Federico Delgado.

En sintonía con los fiscales, Oyarbide consideró que el secuestro de los Gutheim fue parte de la práctica sistemática del terrorismo de Estado de violación a los derechos humanos y que es obligación internacional del Estado remover los obstáculos que impidan la persecución de esos delitos. En función de esto, declaró la inconstitucionalidad de los indultos que habían librado de cargos tanto a Videla y Harguindeguy como a Martínez de Hoz.

El general Harguindeguy estaba detenido cuando Menem lo indultó, por eso su vuelta a la cárcel ante la anulación del perdón presidencial podía interpretarse como una consecuencia esperable. Aun así, recién fue detenido en febrero último ante el reclamo de la Secretaría de Derechos Humanos, después del aviso de un guardavidas que lo había visto tomando sol en Pinamar. La orden de ir a ponerle las esposas la dio la jueza María Servini de Cubría, que en esos días subrogaba a Oyarbide. Videla ya cumple arresto domiciliario por otras causas.

Martínez de Hoz no estaba preso cuando obtuvo el indulto, por lo tanto la declaración de inconstitucionalidad de ese beneficio no necesariamente implicaría en forma automática su regreso tras las rejas mientras es juzgado. El juez analizará si existen nuevas evidencias en su contra que justifiquen esa medida.

Es factible que el inminente fallo de la Cámara o al menos alguno de sus votos dé un empujoncito en ese sentido, sugiriéndole a Su Señoría que valore determinados elementos y pruebas, según pudo saber este diario. Por ejemplo, que en otro expediente, el que investiga la desaparición de Julio Gallego Soto, un contador cercano a Juan Domingo Perón, la mayoría de los testimonios contribuirían a acreditar que la detención de los Gutheim se hizo a instancias de Martínez de Hoz. La causa sobre Gallego Soto, en la que está procesado el ex capitán del Ejército Héctor Vergez, también está a cargo de Oyarbide. La resolución de la Cámara podría agregar un llamado de atención sobre pedidos de prisión preventiva contra Martínez de Hoz antes del indulto.

Durante las últimas semanas, el ex ministro de Economía de Videla hizo cuanto pudo por detener la decisión de los camaristas con artilugios legales. Primero recusó a Freiler, diciendo que no es imparcial, planteo que fue desestimado. Tras cartón presentó un recurso extraordinario para rechazar esa decisión. Cuando estaban a punto de resolver ese planteo, recusó también a Cattani. Ambos asuntos pendientes serían refutados y, sin esperar, vendrá la anulación del indulto.

Aunque Martínez de Hoz insista ante la Corte Suprema, esto no impediría que la causa avance y el juez lo detenga si cree que corresponde hacerlo, explicaron fuentes judiciales. Tampoco es el único caso que Oyarbide instruye contra el creador de la plata dulce: analiza su papel en el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones durante su gestión en Economía en la dictadura. Casariego fue secuestrado cuando se negó a firmar una maniobra para la nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

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