La Argentina afrontará hoy y mañana en Ginebra su primer “examen periódico universal” sobre niveles de cumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos, que el Estado asume por ser miembro de Naciones Unidas. El informe oficial fue elaborado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su exposición ante los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos estará a cargo del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Antes de difundir sus recomendaciones el Consejo analizará los cuestionamientos formulados por organizaciones de la sociedad civil que, más allá de la política oficial en favor de la verdad y la justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura, destacaron entre otros los déficit oficiales en materia de exclusión social, respeto por los derechos de mujeres, niños, pueblos indígenas y personas con discapacidad mental.

En abril de 2006, ante el descrédito de la antigua Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU creó el Consejo y un nuevo método de evaluación. El “examen periódico universal” consiste en contraponer al informe oficial los alternativos presentados por ONG. Luego la Comisión elabora recomendaciones, no vinculantes, que se conocerán mañana. Los organismos cuestionan el método por dos razones: 1. Al evaluarse entre sí los Estados moderan sus objeciones; 2. Las ONG deben presentar informes antes de conocer el estatal. Por ambos motivos, el resumen elaborado por el Consejo brinda un buen mapa de los logros pero sobre todo de las tareas pendientes del Estado argentino en materia de derechos humanos.

Human Rights Watch, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Grupo de Mujeres de la Argentina y la Defensoría del Pueblo cuestionaron “la aplicación excesiva de la prisión preventiva”. El CELS destacó que el apartado relativo a las cárceles del informe oficial “se limita a reproducir normas y fallos” pero “las deplorables condiciones de alojamiento” sumadas a “los maltratos y torturas” que sufren los presos “ponen en duda la existencia de políticas concretas destinadas a remediar la actual situación”.

La Comunidad Homosexual Argentina reclamó la modificación de la ley 23.592 para incluir la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Mental Disability Rights International manifestó su “inquietud por la situación de las personas con discapacidad mental” y los abusos en hospitales psiquiátricos. La Fundación Sur Argentina denunció que “el régimen penal de minoridad habilita a los jueces de menores a disponer” de su libertad. Como consecuencia, el 87 por ciento de los 20.000 niños y adolescentes privados de su libertad lo está por situaciones socioeconómicas y sólo el 13 por ciento por causas penales.

HRW cuestionó que no se hayan derogado aún del Código Penal los delitos de calumnias e injurias. La Federación Internacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por “la vaguedad de los términos” de la nueva ley antiterrorista. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer cuestionó la no obligatoriedad de brindar educación sexual en escuelas privadas y la “gran heterogeneidad” de normas sobre salud sexual y procreación responsable. Tanto el informe oficial como el resumen de críticas están disponibles en el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.