Allá por 2004, cuando María Julia Alsogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito, una ONG consiguió que el Tribunal Federal Oral 4 aceptara destinar al Hospital Garrahan los 700 mil dólares que había ordenado decomisarle. Era una de las primeras causas sobre corrupción en las que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) pedía participar, en nombre de la sociedad civil. Con el tiempo, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pidieron acceso a cuarenta expedientes contra funcionarios, bancos y grupos económicos. Sin embargo, no siempre volvieron a ser bien recibidos. Las opiniones están divididas entre los jueces. La batalla por definir si las organizaciones que representan el interés colectivo tienen legitimidad es feroz y ya llegó a las dos salas de la Cámara Federal, que ahora tienen la palabra.

En el caso de Alsogaray, a ningún juez ni fiscal se le había ocurrido proponer –al menos no lo hicieron– un destino social para el dinero que se le confiscara a la ex funcionaria. Además del Tribunal Oral, la Cámara de Casación también avaló la propuesta de la ONG. Si todavía la plata –para material quirúrgico– no llegó al Garrahan es porque el expediente está varado en la Corte Suprema, por un recurso de queja de la condenada.

“Lo que buscamos es fortalecer la participación civil en las causas de corrupción y criminalidad económica a través de un litigio masivo, también monitorear el funcionamiento de la Justicia y, tercero, lograr la publicidad de los expedientes que tienen un marcado interés público, dado el perjuicio al Estado, para que la sociedad conozca la verdad”, explica el director de Cipce, Pedro Biscay. Para poner su actividad en ejemplos, Biscay recuerda que en la legendaria causa sobre el vaciamiento del Banco de Italia el año pasado Cipce y ACIJ pusieron al descubierto una curiosa maniobra por la cual, frente a la prescripción, la jueza María Servini de Cubría ordenó pagarles a tres de las empresas acusadas seis millones de dólares por bonos que tenían embargados.

En el expediente sobre el affaire IBM-Banco Nación, pusieron el dedo en la llaga al recordar que los 4,5 millones de dólares de coimas que fueron repatriados años atrás todavía están incautados sin destino cierto. En el seguimiento de la preparación del juicio oral, que se haría este año, objetaron la oferta de uno de los imputados, Juan Ignacio García del Río, de pagar 100 mil pesos y hacer tareas comunitarias a cambio de evitar el enjuiciamiento. Al final, el Tribunal Oral 3 le negó ese beneficio.

La lista de los cuarenta expedientes en los que ambas ONG se presentaron incluye historias conocidas como las de Skanska, la bolsa de Felisa Miceli, los sobornos en el Senado, las sospechas de coimas y sobreprecios en el Gasoducto Patagónico, el enriquecimiento ilícito de Raúl Granillo Ocampo, Alberto Kohan y Pedro Pou, los sobresueldos del menemismo, el caso Greco, la aplicación irregular de la Cuota Hilton, las andanzas de Víctor Alderete en el PAMI, así como las cuentas extranjeras y patrimonios de Hugo Anzorregui, Armando Gostanian y Ramón Hernández, entre otros tantos.

La insistencia sobre la participación de la ciudadanía en estos asuntos no es antojadiza, según explica Luis Villanueva, director de Fortalecimiento Institucional de ACIJ. “Es lo que exigen las convenciones internacionales de prevención y lucha contra la corrupción de Naciones Unidas y la OEA, que tienen superioridad ante cualquier reglamentación interna”, argumenta.

Algunos jueces no concuerdan. Servini de Cubría les bloqueó el acceso a las causas sobre la bolsa de la ex ministra de Economía y otra que indaga en la presunta malversación de seis millones de dólares en la Comisión Nacional de Energía Atómica. En una resolución, sostuvo que “el sumario es ajeno para los extraños” y que “los intereses que el Estado pueda tener en las presentes actuaciones se encuentran representados ampliamente por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas”. El juez Ariel Lijo, en la misma línea, afirmó que las ONG carecen de un “interés legítimo”, al considerar que “los únicos interesados son el imputado, la víctima y el demandado”. Fue su conclusión ante un pedido para ver una causa sobre coimas en la privatización de una manzana de Puerto Madero. Criterios similares adoptaron otros seis magistrados: Claudio Bonadío, Sergio Torres, Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y los jueces subrogantes Octavio Aráoz de Lamadrid y Marcelo Martínez de Giorgi.

El juez federal Daniel Rafecas, en cambio, consideró factible que las “organizaciones que representan el interés colectivo” consulten una causa de interés público, como la de los sobornos en el Senado. Señaló que hay “excepciones” a aquella regla que dice que el “sumario es secreto para los extraños”. Se refirió, también, a la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que “prevé medidas para estimular la participación de organizaciones para prevenir la corrupción”. Así, los habilitó a consultar toda documentación que no afectara la intimidad de los involucrados.

Otro juez, Julián Ercolini, hizo un razonamiento similar y les reconoció “personería” en una investigación sobre gastos irregulares de publicidad de Lotería Nacional. Y lo mismo hizo Jorge Ballestero en la causa de los sobresueldos. El TOF 3 admitió al Cipce en el caso IBM-Banco Nación, pero rechazó a ACIJ. El TOF 4 avaló a las ONG en otros expedientes sobre fraudes en el PAMI y el Enargas.

La pelea legal sobre la participación de la sociedad civil en estas causas está en la Cámara Federal. En la Sala II se hizo una audiencia pública relacionada con la denuncia de intento de sobornos de empresas de ticket canasta que hizo el diputado kirchnerista Héctor Recalde. El juez Aráoz de Lamadrid había rechazado a las ONG y ahora los camaristas deben fallar. Mañana habrá otra audiencia en la Sala I, que resolvió hacerla a puertas cerradas, vinculada con la negativa (del juez Torres) de dar acceso al caso Greco, un grupo empresario al que se le había reconocido el pago de una cuestionable deuda de 600 millones de pesos. “Todas las expectativas sociales referidas a causas de corrupción están siendo defraudadas. Hubo hechos escandalosos, pero casi ninguna condena ejemplar. El descreimiento en la Justicia es absoluto. Por eso, es importante que las organizaciones de la sociedad civil puedan monitorear los expedientes y denunciar eventuales irregularidades”, destaca Villanueva. Y Biscay advierte que “el secreto es el mejor aliado de la impunidad”.