El próximo jueves la ley que legalizó el aborto en el Distrito Federal de México cumple su primer año. “El balance es muy positivo. Hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada. Se han hecho más de 7000 interrupciones legales de embarazo en hospitales públicos, con lo cual quedó demostrado que la ley era una necesidad social”, evalúa María Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las ONG que trabajaron arduamente para que el aborto deje de ser delito en la capital mexicana. En una entrevista con Página/12, Sánchez Fuentes analizó el impacto que tuvo la reforma legal en los servicios de salud y en la vida de las mujeres y reveló que más del 80 por ciento de las mujeres que recurrieron a un aborto legal se definieron como católicas.

Sánchez Fuentes integra también el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), una alianza entre activistas, investigadores y médicos, que se formó dos años atrás en forma silenciosa y recién ahora se ha presentado en sociedad, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que se hizo en Montevideo una semana atrás. Forman parte del Clacai profesionales argentinos y de otros 12 países de la región. “El objetivo –cuenta la directora de GIRE– es articular esfuerzos y compartir información, para lograr que se ofrezca en los hospitales públicos el aborto con medicamentos –cuya práctica se ha ido extendiendo boca a boca entre las mujeres–, al menos en los casos en los que está permitido.”

La charla transcurre en un viejo mercado de Montevideo, donde ahora hay diversos bares y restaurantes, a una cuadra de la Municipalidad de Montevideo. El lugar es muy pintoresco. Es el mediodía y las mesas están colmadas de oficinistas que hicieron un alto en su jornada. Cronista y entrevistada aprovecharon un intervalo en el IV Congreso Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para conversar sobre la ley que votó la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril de 2007 y que estableció como interrupción legal del embarazo (ILE) la que se produce dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Sánchez Fuentes casi no menciona la palabra aborto. Prefiere decir ILE. El cambio de términos fue una de las estrategias de la coalición de ONG –entre ellas GIRE– que trabajaron coordinadamente durante siete años para lograr el cambio normativo, con el apoyo del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, la principal fuerza de izquierda que gobierna el DF (en México el gobierno federal está en manos del PAN, partido de derecha).

El próximo jueves se cumple un año desde que la ILE dejó de ser delito en la capital mexicana. Más allá del primer trimestre, está permitido el aborto si hay riesgo para la salud o la vida de la mujer, si el embarazo es producto de una violación o si el feto tiene una malformación grave.

–¿Qué balance hace del primer año de aplicación de la ley?

–El balance es sumamente positivo por varias razones. En primer lugar porque las mujeres se apropiaron inmediatamente de la ley. A las 48 horas de su entrada en vigencia se presentó la primera mujer que pidió una ILE en un hospital público. Hasta el momento –12 de abril– han sido atendidas 7122 mujeres. En segundo lugar, porque se ha logrado regularizar la práctica en los 14 hospitales públicos, de los 25 que hay en el DF, designados para realizar ILE. Lamentablemente, este año se produjo una muerte de una adolescente de 15 años como consecuencia de la ILE. El caso está en investigación, pero aparentemente no se siguió el protocolo de atención y no se constató el tiempo de gestación. Estaba de 16 semanas y el aborto está permitido dentro de las 12 primeras semanas. Esto corrobora que cuanto más tarde se realiza más se puede complicar.

–¿Cuál es el perfil de las mujeres que recurrieron a la ILE?

–Más del 30 por ciento tiene más de dos hijos. Un porcentaje muy bajo, cerca del 2 por ciento, son jóvenes menores de 18 años. El promedio de edad de las mujeres es de 25 años, la mayoría son estudiantes. Más del 80 por ciento dicen ser católicas. Sólo el 14 por ciento provino de otros estados. A partir de la aplicación de la ley, se cuenta con registros oficiales transparentes.

–Uno de los obstáculos para acceder al aborto legal o no punible en países latinoamericanos suelen ser los profesionales médicos que se resisten a realizar las intervenciones por temor a una demanda por mala praxis o por sus resistencias personales, por creencias religiosas u otros motivos. ¿Cómo lograron que la ley se respete en los hospitales?

–GIRE y otras organizaciones hemos sido invitados por el gobierno local a capacitar al personal de los hospitales en cuáles eran los cambios legales, a qué los obliga, cuál es su responsabilidad si se niegan a realizar una ILE. En los servicios conviven objetores de conciencia y no objetores sin inconvenientes: ése es un signo de democracia. Un aspecto interesante de la estrategia que diseñaron las ONG que trabajaron para lograr la legalización del aborto en el DF fue que cambiaron el eje de la discusión. Dejaron de plantear que se trataba de un derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo y lo mostraron como una cuestión de justicia social, de democracia y de salud pública, por las muertes de mujeres pobres en abortos realizados en condiciones riesgosas. Como primer paso, la coalición entre GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Population Council e IPAS México dividió roles para ampliar la base concreta de apoyo a la despenalización del aborto, dirigiéndonos a audiencias específicas: abogados, legisladores, médicos, sector educativo, especialistas en bioética. La idea fue darles información para que pudieran hablar públicamente sobre el tema. También trabajaron con los medios de comunicación, que apoyaron fuertemente la reforma. Paralelamente capacitaron a los prestadores de servicios de aborto, para mejorar el acceso en los casos en los que ya estaba despenalizado (peligro para la vida y a partir de 2000 también para la salud de la mujer, en caso de violación y de malformación genética). El proyecto avanzó sobre un trabajo previo de 30 años del movimiento feminista mexicano, de poner el tema en debate.

–¿La mujer que decide interrumpir un embarazo recibe algún tipo de consejería? ¿Se le plantean opciones a la ILE?

–Es una ley integral muy prudente. Las mujeres están tomando la decisión con información. Hay una consejería que incluye distintas opciones ante un embarazo no deseado: que la mujer se reconcilie con esa gestación, que decida dar en adopción a la criatura, y la ILE. Antes tenían sólo dos posibilidades, ahora tienen una tercera. De las 16 mil mujeres que han solicitado información sobre la ILE, un 30 por ciento no se la han hecho. No sabemos si han desistido o si no estaban embarazadas y sólo querían saber cuáles eran sus alcances. La ley también adiciona artículos a la ley de salud que fortalecen los derechos sexuales y reproductivos con programas de anticonceptivos, de uso de condón, de educación sexual, que se están desarrollando gradualmente. Esto habla de voluntad política. Hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada, no se acabó el mundo. Quedó demostrado que era una necesidad social: con la ley se ha protegido la salud y la vida de las mujeres. En el DF el aborto era la tercera causa de mortalidad materna. Todavía no hay cifras actualizadas, pero sí se ve que se han reducido las complicaciones por aborto.

–Siete mil abortos en un año, en una ciudad con la población del DF, parece un número pequeño. ¿Estima que todavía hay abortos clandestinos, en clínicas privadas?

–Sí, sigue habiendo abortos clandestinos. Es un tema tan privado que hay mujeres que prefieren no ir a un hospital público y van a una clínica privada. El problema sanitario es el aborto inseguro y ése con la ley se ha reducido.

–Hay un planteo de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

–Está previsto que en agosto la Corte se pronuncie. La presentación la hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en primer lugar, y después la Procuración General de la Nación hizo una segunda acción de inconstitucionalidad. La Corte decidió que haya audiencias públicas: están previstas tres sesiones a favor y tres en contra. El ombusdman, el jefe de Gobierno y el ministro de Salud del DF están defendiendo la ley como propia. Hace unos días el director de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud, Arturo Gaytán, dijo: “Más de 6000 mujeres no pueden estar equivocadas”. Si la resolución de la Corte es favorable y confirma su constitucionalidad ya sería una cuestión de decisión política que se legalice la ILE en otros estados.

Sánchez Fuentes lleva 15 años como activista por los derechos sexuales y reproductivos. Antes, había militado en una organización política de izquierda. Todavía se sorprende por la reforma legal votada un año atrás en el DF. “Nunca pensé que iba a vivir la despenalización del aborto”, dice, casi emocionada.