[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El presupuesto 2003, la prórroga del CER, la fijación de las tarifas de los servicios públicos privatizados y el juicio a la Corte. No es magra la agenda que Eduardo Duhalde les propone a sus legisladores. Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, está convencido de que puede cumplir con casi todos los ítem. Hay uno sobre el que conserva dudas: el juicio a los cortesanos.
Ayer, Camaño almorzó con el ministro del Interior, Jorge Matzkin; el presidente del Senado, Juan Carlos Maqueda, y el secretario de Hacienda, Jorge Sarghini. Acordaron los principales temas de la agenda parlamentaria que pretende Duhalde. Todos coincidieron, en prioridad uno que es la sanción del presupuesto 2003. Creen que necesitarán un mes y medio de debate y análisis para conseguirlo.
En los papeles, la resolución del juicio político está en manos de los radicales, pero para que éstos den el paso necesario para que la Cámara debata el dictamen acusatorio es preciso que el PJ logre quebrar la voluntad del bloque radical de no dar quórum a las sesiones para el juicio a los supremos. La UCR pretende que el cuerpo apruebe el retorno del dictamen a comisión. El PJ se opone. La posición de los radicales tiene como único objetivo el de mantener unido al bloque. Horacio Pernasetti, presidente de la bancada, presiona a sus legisladores para que acepten esta propuesta y así desactivar al grupo de correligionarios que quieren bajar al recinto a debatir el juicio asumiendo el riesgo de que el PJ logre rechazarlo. Este grupo, muy a pesar de Pernasetti, está creciendo.
Maqueda, por su lado, tiene conflictos en su Cámara. La semana pasada debió utilizar buena parte de las seis horas de sesión para explicar las razones de la aplicación del ítem desarraigo en las boletas de sueldo de los legisladores. El resto del debate lo consumió la fuerte catarsis de los senadores ante el nuevo escándalo de supuestos sobornos. Tema que por ahora no parece tener un punto final.
Así las cosas, la intención del Gobierno de confirmar una agenda legislativa para lo que queda del año parece tener pocas chances de concretarse.