El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue imputado junto con el resto de la cúpula de la Marina en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar. La investigación en la Justicia Federal de Rawson se inició por una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se basó en un documento, el “Plan Básico de Inteligencia Naval 201, edición 2005”, que fue encontrado en los archivos de Trelew. El plan avala el espionaje ilegal, se apoya en legislación de la dictadura y lleva la firma de Godoy. El fiscal Fernando Gelvez envió sendas notificaciones a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Defensa, Nilda Garré. A diferencia de lo que ocurrió con la denuncia original, el Gobierno no separó a los imputados de sus cargos. “Vamos a esperar la acción de la Justicia, con toda tranquilidad”, dijeron en el Ministerio de Defensa.

La causa por espionaje ilegal estalló el 17 de marzo de 2006 con la denuncia ante el CELS del cabo Carlos Alegre, quien formaba parte del grupo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje ilegal. La Justicia allanó en ese momento las bases de Trelew y la de Puerto Belgrano. En ambas encontraron fichas y documentos de inteligencia sobre políticos, gremios, organizaciones sociales y de derechos humanos. A raíz de la denuncia, Garré separó al jefe de Inteligencia de la Armada y al número tres de la fuerza, ambos implicados por los documentos. Además, la ministra ordenó cerrar las dependencias de inteligencia de las bases navales y hacer un sumario interno de las actividades en esos lugares.

El sumario quedó en manos del segundo de la Armada, Benito Rótolo, que también quedó imputado ayer junto a Godoy. En un reportaje de PáginaI12, el cabo Alegre había advertido que tanto Rótolo como otro de los nuevos imputados (el comandante de la Fuerza Aeronaval 3, Luis Fajre) le recriminaron que hiciera la denuncia original y le dijeron: “Por tu culpa, la Marina se está hundiendo”. El Ministerio de Defensa no investigó esta denuncia y respaldó a Godoy mientras hablaba en defensa propia: “Fue un hecho aislado”, dijo el almirante sobre el espionaje en Trelew.

Luego, el jefe de la Armada instruyó a su fuerza para que paralizara la causa por espionaje con una presentación en la que aseguró que en los allanamientos se había secuestrado un código de encriptamiento de secretos militares. Por esa presentación, el proceso estuvo parado más de un año. Actualmente, está por llegar a juicio oral (ver recuadro). Por eso, el juez Hugo Sastre inició una nueva causa para la cúpula marina.

Las instrucciones de Godoy

Como jefe de la Armada, Godoy dictaba planes de inteligencia que son los que determinan los objetivos de los espías. El 24 de junio de 2005 refrendó el plan de inteligencia que redactó por su encargo el director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi, uno de los procesados por espionaje. Ese plan fue enviado a 17 dependencias con el sello de “Secreto” y fue el que avaló las actividades de espionaje interno, prohibidas por las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

El instructivo remite como soporte legal a un decreto secreto de la dictadura: el 3401/79 “S”, que fue derogado por la actual Ley de Inteligencia Naval, aunque parece seguir en pie para la Armada. El documento señala como uno de los “objetivos de inteligencia” las “amenazas asimétricas”, que define en su “Anexo Charlie” como “narcotráfico, terrorismo internacional, proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, la transferencia de armamentos, excedentes y tecnologías intangibles (éxodo de científicos), el crimen organizado, el contrabando de armas, el deterioro del medio ambiente, las migraciones y cualquier otra cosa que como tal se manifieste”.

El CELS destaca que esto va contra lo expresado por la ministra Garré, quien dijo públicamente que “deben rechazarse aquellas concepciones que procuran la utilización prioritaria del instrumento militar”. El organismo de derechos humanos destacó que esta directiva de Godoy permitió que las oficinas de inteligencia naval “produjeran información sobre la comunidad islámica, grupos piqueteros y activistas indígenas”. Con estas órdenes de Godoy, los marinos hicieron –según surge de las fichas que figuran en la causa– seguimientos a personas con rasgos árabes tanto desde Bahía Blanca hasta Puerto Madryn, pasando por Tucumán.

El instructivo de Godoy también plantea que se deben “adoptar medidas de comunicación institucional y de contrainteligencia. Mantener / incrementar las capacidades de inteligencia propias”, producir “inteligencia psicosocial para contribuir al prestigio institucional para actuar en forma preventiva y defensiva” y “determinar escenarios, actores e intereses en los que se pueda influir desde o hacia la institución”. ¿Cuáles son los objetivos a seguir para mantener la imagen de la Armada?

En lo concreto, fueron los actos por la Masacre de Trelew y las actividades de las Madres de Plaza de Mayo.

La pirámide

El CELS también recordó que el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ratificó los procesamientos de la causa original señalaba que los marinos involucrados eran responsables “entre otros”, con lo que dejó abierta la posibilidad de investigar la autoría de sus superiores.

El organismo descartó la teoría esgrimida por Godoy de que sus subordinados armaron una red de inteligencia ilegal sin órdenes de arriba en una institución militar. En cambio, planteó que tanto Godoy como Rótolo “dieron las órdenes que guiaron el accionar de sus subalternos en el área de inteligencia”. Como base de este argumento, citó la resolución EMGA 02/03 “S” (la S es de secreto), según la que el “objetivo último del sistema de inteligencia es ofrecer información al jefe del EMGA (Estado Mayor General de la Armada)”, es decir, a Godoy. “La inteligencia en sí es instrumental: provee información a los que tienen que tomar decisiones”, explicó el abogado del CELS, Rodrigo Borda. “Esto no empezó en 2005. El plan de 2000 era mucho más grosero: hablaba de seguir a minorías. Es un aggiornamiento: llaman ‘comunicación institucional’ a lo que siempre hicieron, que fue seguir los actos de los organismos de derechos humanos.” Ante su presentación, el juez Sastre delegó la investigación en el fiscal Gelvez, quien le requirió al Ministerio de Defensa la foja de servicios de los imputados y el sumario administrativo que le encargó Garré a Rótolo. El fiscal también le transmitió por escrito tanto a Garré como a la Presidenta que está imputando a las principales autoridades de la Armada. La Ministra estuvo ayer reunida con Godoy para firmar un convenio de Sedronar, pero no trascendió si hablaron o no de las imputaciones.

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