El jefe y subjefe de Estado Mayor de la Armada, almirantes Jorge Godoy y Benito Rótolo, incumplieron sus deberes funcionales al ordenar tareas de espionaje prohibidas por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. El fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez requirió la instrucción de una causa por esos delitos y el juez federal Hugo Sastre le delegó esa tarea. Se acerca así a su fin la conducción naval que entregó la ESMA, símbolo máximo de la represión dictatorial, no para que todo cambiara sino para que todo lo posible siguiera igual, con los hilos secretos de la inteligencia y del poder manejados a espaldas del gobierno nacional.

Los allanamientos realizados hace dos años, a raíz de la denuncia del cabo Carlos Alegre al CELS, probaron que en la base aeronaval de Trelew se espiaba a docentes, estudiantes, sindicalistas, piqueteros, organizaciones de derechos humanos, asociaciones culturales de las colectividades mapuche y sirio-libanesa y dirigentes políticos. La documentación demuestra que no actuó una patrulla perdida sino la Armada, en cumplimiento del Plan Básico de Inteligencia que Godoy firmó en 2005. Se aplicó en todas las unidades para suministrar al propio Godoy las informaciones que consideraba necesarias en su tarea institucional. Por ejemplo, se sirvió de una investigación ilegal sobre la dirigencia política de Puerto Madryn en las negociaciones que él en persona condujo para canjear terrenos de la Armada por la construcción de viviendas para su personal. Sus subordinados chocaron incluso con personal de otras dependencias del Estado, como la Dirección de Migraciones, que se negó a suministrarles información sobre un ciudadano palestino, casado con una argentina y con radicación definitiva en el país. El astuto agente 89 naval fotografió en Tucumán “leyendas de corte netamente islámico”. Era una asociación que da cursos de idioma y cultura árabes.

El Plan ordena la producción de inteligencia sobre las denominadas “amenazas asimétricas”, que según su anexo Charlie 3.1.2.2. incluyen narcotráfico, tecnologías intangibles, éxodo de científicos, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y “cualquier otra cosa que como tal se manifieste”. En setiembre de 2006, la ministra de Defensa, Nilda Garré, rechazó “la utilización prioritaria del instrumento militar en funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación de ‘nuevas amenazas’, que son responsabilidad de otras agencias del Estado”. Tal práctica violaría la ley y pondría “en severa crisis la doctrina, la organización y el accionar del instrumento militar”. La desprofesionalización y “policialización de las Fuerzas Armadas” podría conducirlas “a una renovada versión de la doctrina de la seguridad nacional y del control interno”. A Godoy le queda poca cuerda de la que seguir tirando.