El juicio oral y público a los responsables de la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 comienza a vislumbrarse en el horizonte. A 35 años de los fusilamientos, pero apenas cuatro meses de las primeras detenciones, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el viernes los procesamientos con prisión preventiva por 16 homicidios agravados y tres tentativas de homicidio de cuatro oficiales retirados de la Armada. Sólo por cuestiones procedimentales declaró la nulidad de un quinto procesamiento y aún debe pronunciarse sobre el sexto. El tribunal sobreseyó a los cinco marinos por el delito de privación ilegítima de la libertad de las 19 víctimas durante la semana previa a la masacre.

A principios de mayo la Cámara había ratificado el criterio del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, al considerar que el fusilamiento de los presos políticos en la Base aeronaval Almirante Zar era un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. La defensa de dos de los imputados interpuso un recurso de Casación que ya fue concedido. El viernes, el tribunal confirmó los procesamientos por los homicidios y las tres tentativas de homicidios –de los sobrevivientes– de los capitanes de fragata retirados Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, y del cabo retirado Carlos Amadeo Marandino, los tres como autores materiales de los fusilamientos, y del contraalmirante retirado Horacio Mayorga, superior inmediato de los ejecutores, como cómplice necesario.

En la misma resolución la Cámara declaró nulo el procesamiento por los mismos delitos del capitán de navío retirado Rubén Paccagnini y ordenó que se lo vuelva a indagar. Paccagnini fue el primer detenido de la causa, el 9 de febrero. La Cámara no declaró la nulidad de la indagatoria, pero consideró que la descripción de los hechos y los delitos imputados al momento de la declaración no se correspondían con los homicidios por los cuales fue procesado. Tras conocer la decisión, la defensa del marino solicitó su excarcelación. El fiscal federal Fernando Gelvez se opuso porque los delitos que le imputan no son excarcelables y pidió que sea trasladado desde el penal de Marcos Paz para volver a indagarlo, pedido que el juez Sastre deberá resolver hoy.

La Cámara de Comodoro Rivadavia aún no resolvió si ratifica o rechaza el procesamiento del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista, sindicado por Sastre como “cómplice secundario” del fusilamiento. Bautista, con prisión domiciliaria por problemas de salud, fue el encargado por orden del almirante Hermes Quijada de instruir el sumario que respaldó la versión oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.

El pedido de declaración indagatoria al brigadier general Carlos Alberto Rey, comandante en jefe de la Fuerza Aérea en 1972, quedaría sin efecto en los próximos días porque según los informes de los médicos forenses el militar de 86 años padece Parkinson. En el caso del general retirado Eduardo Ignacio Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por el dictador Alejandro Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, aún resta la realización de dos estudios cerebrales, aunque su demencia senil le evitaría el mal trago de comparecer ante la Justicia. Por el momento ambos gozan de arresto domiciliario. Los únicos dos imputados que hasta ahora se beneficiaron con una falta de mérito son el brigadier mayor Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación de Lanusse, y el civil Eduardo Aguirre Obarrio, que era ministro de Defensa.

Excepto Marandino, detenido en una comisaría de Rawson, los cuatro marinos procesados están alojados en el penal de Marcos Paz. Interpol, en tanto, aguarda aún el envío de la traducción de todas las pruebas contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, a quien los propios sobrevivientes acusaron por el fusilamiento. Tal como informó PáginaI12 en exclusiva, Bravo es dueño en Miami de la firma RGB Group, que brinda servicios al Pentágono y a distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. El juez Sastre ordenó su detención el 9 de febrero.