Al salir de una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y otros tres jueces del tribunal, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, se fue directo a derogar la polémica resolución por la cual obligaba a las fuerzas policiales y de seguridad a informarle antes de ejecutar medidas ordenadas por los jueces. Acababa de escuchar un planteo contundente: la medida, le dijeron, podría “afectar la independencia judicial”. También le ofrecieron propuestas. Fernández aceptó formar una comisión entre ambos poderes y trabajar en crear una “policía judicial”. Como balance, dijo que el encuentro fue “fructífero”.

Cuando Fernández llegó a la Corte, ayer a la mañana, lo estaban esperando para conversar Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Carlos Fayt. La invitación que le habían enviado a modo de “visita oficial” era muy específica: le proponían “discutir los alcances e implicancias” de la resolución 1048/08, del 29 de abril último.

Sus Señorías lo recibieron en un clima ameno, pero enseguida fueron al grano. De eso se encargó el presidente de la Corte. Le dijo a Fernández que había recibido quejas de los jueces por “las dificultades” y la “intromisión” que implicaba que las fuerzas que colaboran con ellos (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario) tuvieran que reportarse al ministro antes de allanar, trasladar detenidos y secuestrar documentación, entre otras cosas. También destacó el riesgo de que así se viole el secreto en las investigaciones.

“Esa no era la intención”, se defendió el titular de Justicia. Aclaró que pretendía solucionar algunos problemas operativos y racionalizar recursos, ya que advierte una excesiva utilización de los medios policiales. Se quejó, por ejemplo, de que a veces dos jueces piden la misma medida incluso sobre un mismo hecho. Así se desarrolló la secuencia que pudo reconstruir PáginaI12 a través de allegados a la Corte, y que no termina ahí. En el Ministerio de Justicia no dieron detalles del evento.

Fernández explicó luego a los jueces que ya había rectificado la controvertida disposición: aclaraba que sólo debían informarle sobre los pedidos de jueces en casos de relevancia institucional, como el allanamiento de un ministerio. Los supremos quedaron perplejos porque precisamente ése es el tipo de intervenciones que le cuestionaban. Se preguntaban: allanamiento ¿no debería ser sorpresivo? ¿Qué garantías tiene una investigación si un ministro se entera de antemano de un procedimiento que hasta podría afectarlo?

Con la diplomacia que los caracteriza, los jueces de la Corte le pidieron a Fernández que dejara sin efecto las dos resoluciones y se discutieran salidas. Lorenzetti le propuso crear una comisión con representantes del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial que estudie un asunto no menor: “Vamos a ver si es posible, como solución superadora, crear una policía judicial específica para el cumplimiento de las órdenes que dan jueces”, informó el presidente de la Corte al mediodía. “Si se logra concretar, va a fortalecer la independencia de los jueces”, añadió.

Fernández aceptó el convite, e incluso ya nombró como integrante de la comisión a su secretaria de Justicia, Marcela Losardo. Todavía no está definido quiénes serán los representantes del Poder Judicial.

Por ahora, sobre la policía judicial, en la Corte sólo hay una idea, bastante verde. Lorenzetti se inclinaría por crear una sección especializada dentro de la propia estructura de la Policía Federal, es decir, no generar una nueva fuerza. En el intercambio entre el ministro y los jueces, hubo comentarios sobre experiencias muy variadas con policías de este tipo, según el país. En México generó duros enfrentamientos con otras fuerzas policiales. En Estados Unidos es exitosa en algunos estados.

Otra función prevista para la comisión en ciernes será canalizar, a través de ella, las situaciones conflictivas puntuales derivadas de medidas pedidas por jueces. “Trabajar sobre la racionalidad o racionalización en el uso de los requerimientos de las fuerzas de seguridad, que es algo que ha planteado el ministro”, señaló Lorenzetti.

En la reunión, se habría referido a una experiencia concreta reciente: su rechazo a la orden de la Cámara del Crimen que, al liberar a tres oficiales procesados por el asesinato de otro agente a la salida de una pizzería, dispuso que el jefe de la Policía Federal fuera garante de que no intentaran fugarse.

Poco después de haber dejado la Corte, Fernández le mandó al juez supremo una carta en la que le anuncia la derogación de las resoluciones objetadas. La comisión, le dice, le parece una propuesta “superadora” que “satisface plenamente mi interés en regular de la manera más eficaz y ajustada a derecho, la relación entre los jueces y fiscales federales y las fuerzas de seguridad a mi cargo en el cumplimiento de sus funciones”.

“Esto demuestra algo muy positivo del ministro: que sepa rectificar los errores. Es un ejemplo de habilidad política. Ibamos hacia un conflicto de poderes”, le dijo a este diario Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, entidad que le insistió a la Corte para que interviniera en el tema. Recondo celebró el anuncio sobre la policía judicial “por lo que tanto venimos bregando”. A su entender –en esto diferiría con Lorenzetti– debería ser una policía independiente de la Federal, con funciones sólo de apoyo a las investigaciones (no “operativa”) y que “dependa de la Corte o del Poder Judicial”. Es evidente que, antes de que se defina algo, habrá mucha tela para el debate.

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