La creación de una policía con la función de auxiliar investigaciones judiciales es un viejo caballito de batalla de la corporación. Separar de las investigaciones de jueces y fiscales a agentes operativos o de prevención suele plantearse como solución a todos los males. Especialistas consultados por PáginaI12 relativizan su utilidad si no es parte de un cambio profundo en las prácticas de magistrados y fiscales. Subyace a sus opiniones la frustrada reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación: un anteproyecto diseñado por expertos, anunciado en septiembre por el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, pero archivado ante la cerrada oposición de la familia judicial.

“La separación entre la prevención del delito y la investigación criminal existe en gran parte del mundo”, explicó Ricardo Mendaña, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. “En Estados Unidos, el FBI sólo investiga. En Europa, Chile, Panamá, México, Colombia o Venezuela, las policías de investigación dependen del procurador. Partiendo de esa base soy partidario de tener policías diferenciadas”, agregó. Si bien celebró la instalación del tema en la agenda pública, consideró que “sería un error mantener una única policía con estas dos funciones tanto como crear una policía judicial que dependa de la Corte Suprema”. Postuló dos alternativas: “Que ambas, separadas y con regímenes distintos, dependan del poder administrador, o que la judicial dependa funcionalmente de la Procuración General”.

Para el penalista Alberto Binder, “la Justicia federal necesita una modificación mucho más profunda del sistema de investigación de delitos”. Sin embargo, tras la frustrada reforma y “en el contexto de atraso y obsolescencia del modelo de investigación penal actual del ámbito federal no tiene mucho sentido”. Binder aclaró que “en general la policía judicial tiene buena prensa, suele verse como positiva, pero no necesariamente lo es. Funciona en determinados contextos. Como medida aislada no cumpliría ninguna función y, peor aún, podría significar la ratificación del modelo antiguo, su integración a las deficiencias actuales”.

Luciano Hazán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo que “en causas con fuerzas de seguridad involucradas la creación es positiva: evitaría la participación de la Policía Federal en medidas de prueba. También hay consenso en que mejoraría las investigaciones. Sin embargo, la policía judicial debería ser parte de una reforma estructural al sistema de justicia penal federal, vieja deuda de la democracia”. Opinó que “es necesario no replicar este sistema perverso, ineficaz y obsoleto, dentro del cual se integraría al mismo modelo de investigación que cumple la Policía Federal”. La nueva policía “debería funcionar bajo la órbita del Ministerio Público, no de los jueces”. Hazán consideró “extraño que el acuerdo sea con la Corte y no con el procurador, ya que debería depender de los fiscales. Ponerla al servicio de los jueces es una mala señal”.