Por Roberto Navarro

La paridad de la pesificación precipitó la primera pelea entre ministros en el gabinete de Eduardo Duhalde. El de Producción, Ignacio de Mendiguren, propone que tanto los depósitos como las deudas bancarias se desdolaricen a un tipo de cambio 1 a 1. Y se compense con un bono a los ahorristas por la diferencia de 40 centavos con la paridad del dólar oficial. En cambio, el de Economía, Jorge Remes Lenicov, quiere que la pesificación sea para todos a la paridad de 1,40. Mendiguren les dijo a sus colaboradores que Duhalde se inclinará por su posición. En caso que sea así, el Presidente, presionado por los principales grupos empresarios del país, tomaría la decisión de beneficiar a los deudores en dólares en detrimento de los depositantes en esa moneda. Hasta ahora la pesificación 1 a 1 sólo alcanzaba a los deudores de hasta 100 mil dólares, la mayoría pymes y deudores hipotecarios y prendarios. Este cambio beneficiará a las empresas más grandes. La idea de Remes es pesificar deudas y depósitos al cambio oficial de 1,40 peso por dólar, para adelantar la apertura del corralito, perjudicando lo menos posible a los depositantes. Pero los empresarios van por más.
Ignacio de Mendiguren, el hombre de la Unión Industrial en el Gobierno, resolvió jugar fuerte para defender los intereses de su sector. El viernes por la tarde le dijo a Duhalde que, si no se pesificaban las deudas 1 a 1, no podía garantizar que el sector productivo mantuviera la Alianza con el gobierno que el presidente anunció como un cambio de rumbo fundacional hace dos semanas. Para intentar frenar el casi seguro cacerolazo que se vendrá cuando la gente conozca la noticia, el gobierno les va a entregar a los depositantes un bono a cuatro años por la diferencia con el dólar oficial. Así, cada ahorrista mantendrá en el corralito un peso por cada dólar depositado, más cuarenta centavos en bonos garantizados parcialmente por las retenciones a las exportaciones petroleras. Un papel que seguramente cotizará muy por debajo de su valor nominal.
La idea es presentar la pesificación de deudas y depósitos 1 a 1 como la única forma de salvar a miles de pymes de una quiebra segura. El vocero presidencial en persona está organizando una campaña mediática para defender la idea ante la sociedad. Eduardo Amadeo llamó a varios empresarios para pedirles que salgan en los medios a explicarle a la gente que, de no tomar esta medida, la desocupación podría duplicarse en pocos meses. Incluso preparó un paper con argumentos para justificar el salvataje de los deudores. “La pequeña pérdida que sufrirá una parte de la sociedad con capacidad de ahorro, aunque no es el ideal, es la única manera de salvar al país de una quiebra generalizada de empresas y una espiral de desempleo”, explica uno de los puntos del paper distribuido entre los empresarios endeudados.
Sin embargo, la mayoría de las pymes ya habían sido salvadas de la devaluación por la decisión de Economía de pesificar 1 a 1 las deudas hipotecarias y créditos empresarios menores a 100 mil dólares, las prendarias menores a 15 mil y los créditos personales menores de 10 mil. Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas sólo representan el 15 por ciento de las deudas bancarias y más de la mitad de esos pasivos están nominados en pesos, porque se trata de descubiertos en cuenta corriente. El crédito bancario está altamente concentrado en los grandes grupos empresarios. De los 5,5 millones de empresas y personas que tienen deudas bancarias, 1221 acaparan el 51 por ciento del crédito. Los mayores deudores del sistema bancario son Repsol, Telefónica, Pérez Companc, Fiat y otras grandes corporaciones. Son ellas las impulsoras y beneficiarias de la pesificación 1 a 1.
Muchas de las empresas que gozarán del beneficio de la pesificación verán, además, fuertemente incrementados sus ingresos, porque son importantes exportadores. Así, ganarán por el aumento del precio de su producción que significó la devaluación y por la pesificación 1 a 1 de sus pasivos. Incluso muchas empresas pidieron créditos a la banca local ycolocaron esos fondos en el extranjero. Ahora podrán cancelar sus deudas con la mitad del capital girado. El resto será todo ganancia.
Los otros grandes beneficiados por la medida son los bancos. Por esa razón las acciones de las entidades financieras ayer subieron un promedio del 40 por ciento en la Bolsa (ver página 5). Ignacio de Mendiguren indicó a Página/12 que su intención no es “perjudicar a los depositantes, sino defender a las empresas”. Pero la pesificación de las deudas que el ministro exigió en defensa de su sector puso al gobierno en la disyuntiva de hacer pagar el costo de semejante licuación de pasivos a los bancos o a los depositantes. Aunque sabe que la decisión lo pone a tiro de un cacerolazo que, como muestra la historia reciente, puede ser fatal, el presidente decidió no confrontar con la banca. Así, toda lo que se ahorrarán los deudores en dólares lo pagarán los depositantes.
La ruptura de las reglas de juego entre bancos y ahorristas va a minar la poca confianza que tenían los argentinos en el sistema financiero luego de la instrumentación del corralito. La mayoría de los depositantes aceptaba que los bancos locales les pagaran tasas similares a las del primer mundo porque sus depósitos eran en moneda extranjera. Hasta hace pocos meses un plazo fijo en dólares devengaba un interés del 5 por ciento anual y uno en pesos rendía el doble. Ahora ambos inversores mantendrán en el corralito una cantidad similar de pesos por cada moneda local o extranjera que hayan depositado. La diferencia que se pagará en bonos, dada la situación patrimonial del Estado, tendrá una cotización bajísima y no resultará siquiera un paliativo para la pérdida que sufrirán los depósitos en dólares.
En el sistema financiero hay depósitos por 45 mil millones de dólares. Aún no está definido si la pesificación 1 a 1 se hará sobre el total o sólo sobre los plazos fijos y cajas de ahorro. Si se hace sobre los 45 mil millones, el Estado debería emitir bonos por 18 mil millones de pesos para “cancelar” los 40 centavos de diferencia entre el dólar oficial y el peso. Como el país está en default, si estos nuevos títulos no tienen una garantía específica, no tendrán valor. La idea del gobierno es respaldarlos con un fondo fiduciario conformado por las retenciones a las exportaciones petroleras. Pero este gravamen recaudará aproximadamente 2500 millones de pesos. Cantidad claramente insuficiente para respaldar bonos por 18 mil millones. Por eso es de esperar que los ahorristas que necesiten vender sus bonos recibirán por ellos no más de un 25 por ciento de su valor nominal.