Su menuda figura contagia energía. Carmen Rosa Villa Quintana, representante regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, es asertiva y contundente cuando habla de la protección de testigos en procesos por crímenes de lesa humanidad. “A los dos años de la desaparición de Jorge Julio López podemos ahora decir cuán importante es la evaluación de la amenaza y el riesgo, el examen de los antecedentes históricos y el contexto de las estructuras de poder. De haberse conocido o entendido dónde estaban las amenazas y si estaban presentes en las estructuras represivas, es posible que el señor López estuviera hoy día con nosotros”, dijo. A ella habían acudido las abogadas y compañeras del testigo cuando hacía pocos días que había desaparecido. Villa Quintana considera que para el caso argentino se debería crear un “mecanismo independiente del Estado” para la protección de víctimas y testigos “que sea confiable para todos, no asociado a la policía, agencias de seguridad o militares, más aún cuando estas estructuras no fueron revisadas o modificadas después de procesos dictatoriales”. Y afirma que una ley de protección de testigos debe contemplar formas para evitar el doble sufrimiento de los sobrevivientes que dan su testimonio.

Esta abogada peruana trabajó en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de su país hasta que se retiró, en 1993, cuando comenzó su carrera como funcionaria internacional. Fue parte de la misión de verificación de Naciones Unidas en Guatemala, a partir de 1999 estuvo a cargo de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia, y desde 2006 es la representante para América Latina y el Caribe.

Durante el seminario internacional sobre protección de testigos organizado por el Programa Nacional de Protección de Testigos, el Programa Verdad y Justicia, la Cámara de Diputados, los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, juntamente con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Villa Quintana dedicó su ponencia a la protección de testigos cuando se trata de procesos por crímenes de lesa humanidad y algunas otras graves violaciones a los derechos humanos.

La funcionaria de Naciones Unidas afirmó que “la protección de las víctimas y testigos es, en principio, responsabilidad del Estado, en cabeza de la policía o cuerpos de seguridad, pero en los casos de violaciones de derechos humanos los perpetradores generalmente son o fueron agentes del Estado, y los testigos de estos crímenes son las víctimas o sus familiares. Frecuentemente estos agentes tratan de obstaculizar el curso de la Justicia recurriendo a la intimidación de testigos, atacando las decisiones judiciales, desacreditando a los testigos o a los tribunales a cargo de las causas”.

En diálogo con PáginaI12, Villa Quintana señala que “es muy importante saber quiénes son los autores de graves violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad. Estos actores han estado vinculados con el poder y, por lo tanto, el programa de protección de testigos tiene que tener en cuenta esta particularidad”. Explica que “en este contexto no se puede pensar que quienes ejerzan la protección sean quienes estuvieron vinculados con esas estructuras de poder. Cuando se evalúa a los testigos y víctimas para incorporarlos a un programa de protección hay que tener en cuenta ese contexto histórico y las personas vinculadas con estos programas deben tener un fuerte conocimiento en materia de derechos humanos”.

–Por ejemplo, esa matriz de riesgo sólo puede ser hecha por especialistas.

–Así es. El procedimiento de evaluación de la amenaza y del riesgo es muy importante para dar adecuada protección a la víctima o testigo.

–Los custodios de estos testigos no debieran ser policías. ¿Es así?

–Hay que buscar otras posibilidades. Las víctimas y sus familiares deben tener la posibilidad de hacer un escrutinio de quién los va a cuidar. Los agentes de seguridad deben tener antecedentes impecables, no estar vinculados con las estructuras del poder del pasado, de manera que se puedan crear lazos de confianza entre la persona protegida y el protector. Los testigos pueden temer la venganza de los infractores, temer regresar a casa después de una entrevista o de que su cooperación en el proceso se vuelva de conocimiento público. Y estas preocupaciones son mayores en donde la situación de seguridad es menos estable y en donde la policía y los otros órganos de gobierno encargados de proporcionar seguridad a todos los ciudadanos, incluyendo a los testigos, no están capacitados o no son confiables, o pueden estar sometidos a investigaciones y procesos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

–Algunos expertos mencionaron que el testigo no debe opinar sobre determinadas decisiones. ¿Es debatible esto?

–No diría que es debatible ni que es así. Lo que sí es voluntario es acogerse al programa. Hay que definir los deberes y derechos que tiene el testigo protegido, y esto tiene que estar definido en el marco legal.

–¿Hay países con matrices de riesgo similares a la Argentina?

–Son innegables los esfuerzos que se han hecho en la Argentina por la lucha contra la impunidad. Fue muy importante la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Y eso es muy significativo. El aparato judicial inició una serie de procesos importantes contra los autores de estas graves violaciones. Con el ejercicio de advocacy que ejerce la sociedad civil, el trabajo de los equipos de antropología forense, y en su momento con la creación de la Conadep, los argentinos buscaron caminos innovadores y efectivos para obtener la verdad y guardar la memoria de aquellos que perecieron durante el régimen militar y de los que sobrevivieron. Pero es necesario hacer más, tanto en recursos como en compromiso con la causa.

–¿Qué elementos son los que faltan?

–Hay que desarrollar los procesos de la manera más rápida posible, con los medios y recursos necesarios para poder hacer juzgamientos. Tanto la asistencia como la protección de la víctima deben ir de la mano. El Programa de Verdad y Justicia ha sido una gran iniciativa; sin embargo será necesario que cuente con fondos suficientes para que sea efectivo.

–¿Cuál sería un plan de protección de testigos exitoso?

–Lo más importante es tener un marco legal que defina quién administra el programa, cómo se puede trabajar con las organizaciones no gubernamentales, que defina cada uno de los roles, qué institución debe estar a cargo y a quiénes deben proteger. Las valiosas experiencias que se presentaron en el seminario van a servir para una reflexión de la ley, que estoy segura se va a impulsar, que debería ajustarse a los principios necesarios teniendo en cuenta el derecho de las víctimas a no tener un doble sufrimiento, y su derecho al acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Y las garantías de no repetición de violaciones de los derechos humanos. La Argentina debe preguntarse qué medidas específicas tiene que tomar por el contexto histórico que la ha marcado. Tradicionalmente la protección de víctimas y testigos implica reubicación, cambio de identidad o medidas para ocultar la identidad, reasentamiento, pero como el último recurso. Y una vez que concluido el testimonio y terminado el proceso la amenaza haya disminuido, quedan fuera del programa. El traslado o el separar al testigo de la amenaza a distancia pueden ser suficientes para la protección. En ocasiones, las organizaciones internacionales pagan los salarios y equipos de agentes locales entrenados para brindar seguridad y traslado. El objetivo de un programa de protección no sólo debe estar orientado a garantizar un juicio exitoso, también debe respetar los derechos humanos de las personas protegidas.

–¿Sería más efectiva una ley específica para casos de delitos de lesa humanidad o una ley general con artículos especiales para esos casos?

–Lo importante es tener una mirada que permita considerar todas las situaciones que se viven en el país, y lo que hay que buscar es la efectividad de la respuesta. Eso va a determinar cómo el Estado quiere asumir los retos de la protección de testigos.

–Determinará si hay voluntad política, en definitiva.

–Eso también es un elemento fundamental. Entiendo que existe esa voluntad.

–Usted mencionó que la Oficina del Alto Comisionado debe elaborar un informe mundial sobre el derecho a la verdad, los archivos de inteligencia y los programas de protección de testigos. ¿Por qué Naciones Unidas decidió hacer este relevamiento?

–Porque para la lucha contra la impunidad, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación son elementos muy importantes. Y la protección de las víctimas y testigos es esencial para que los juicios por crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos tengan éxito.