Mar 14.10.2008

EL PAíS • SUBNOTA  › LOS NúMEROS DE CANADá

Montada protectora

En Canadá hay 150 personas bajo protección, con un costo de 70 mil dólares por cada una. La admisión al programa se hace por recomendación de las fuerzas policiales en consulta con la fiscalía y también trabajan con reubicación internacional o nacional, porque el vasto territorio les permite hacerlo en áreas muy distantes del riesgo. Guy Pilon, del Programa de Protección de Testigos de la Real Policía Montada canadiense, explicó que a veces surgen problemas con la reubicación porque ponen a los testigos en pueblitos y esa comunidad los repudia, porque se trata en su mayoría de delincuentes y temen que reincidan. Antes de ser admitidos los testigos deben demostrar su capacidad de acomodarse a un programa estricto y firman un acuerdo de mutuo cumplimiento con las autoridades. “Los colocamos en una situación en la que luego de dos años pueden mantenerse solos, encontrar empleo y asistencia psicológica, y en el 95 por ciento de los casos no volvemos nunca a escuchar sobre ellos”, dice. Pilon reveló que el programa hace un informe anual al gobierno con los datos de cuántos son los protegidos y por qué tipo de delitos, “pero no necesita saber exactamente a quiénes estamos protegiendo”. El funcionario canadiense mencionó métodos alternativos que no tienen que ver con la inclusión en un programa, tales como el cambio de residencia y de empleo, la vigilancia electrónica, cámaras y botones de pánico en las viviendas e incluso el otorgamiento de dinero para que se protejan a sí mismos. Esta última opción permite que el programa no asuma la responsabilidad por el testigo. La protección en Canadá implica una cláusula de confidencialidad que les impone responsabilidad penal, y las oficinas federales que otorgan documentación son “socios obligatorios” porque los documentos no se pueden falsificar, entonces esos organismos otorgan la documentación ficticia y nadie debería revelar la identidad real. Es un modelo centralizado, con mandato legislativo y control social, que ejecuta la policía. Pilon aludió a la necesidad de acudir a mecanismos alternativos “para no abrumar al testigo con la custodia policial”. También habló de la “gestión de testigos”, que consiste en una guía para testificar, asesoramiento legal y psicológico. El funcionario relató el caso de un asesino que había matado a 50 personas y las molió en una máquina para morcillas. Los testigos eran prostitutas y borrachos. “En ese juicio tan sólo los limpiamos y los pusimos sobrios”, dijo sobre los últimos.

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