La Mutual Sentimiento, creada hace 4 años por ex presos y exiliados políticos para realizar actividades culturales y sociales en el barrio de Chacarita, denunció por discriminación y persecución ante el INADI al Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe). En 1999 el Gobierno le había cedido a la asociación parte de un edificio ahora comercialmente valioso, que perteneció a Ferrocarriles Argentinos. Pero en los últimos meses el Onabe realizó “inspecciones selectivas” –que no afectaron a otras ONG del inmueble– y amenaza con anular el convenio de cesión. “Recuperamos un espacio para actividades comunitarias, para el pueblo, y las autoridades nacionales nos quieren echar para poder privatizarlo, porque está valuado en más de un millón de dólares,” explicó a Página/12 Graciela Draguicevich, miembro del consejo directivo de Sentimiento.
La mutual ocupa el primero, segundo y tercer pisos del edificio que se levanta a un lado de la estación Chacarita. Cuando el gobierno nacional se los cedió –por un plazo de 5 años–, se encontraba en estado de absoluto abandono: sus paredes y cañerías estaban seriamente deterioradas, no tenía agua corriente, gas, ni teléfono, y los ascensores no funcionaban. Sin ningún tipo de subvención para realizar el arreglo, que valuaron en 200 mil pesos, los integrantes de la asociación formaron una cooperativa y consiguieron doce planes Trabajar. Con eso y mucho trabajo voluntario, luego de un año y medio consiguieron poner en condiciones el lugar. La otra ONG que ocupa algunos de los pisos restantes –dedicada a la lucha contra la drogadicción– no realizó las refacciones y nunca llegó a ocupar las instalaciones.
Apenas terminaron las obras comenzaron a funcionar en el lugar los cursos de teatro, danza, computación, huertas orgánicas y gestión de comedores; una juegoteca para los chicos del barrio, un club del trueque, y actividades organizadas junto a la Cruz Roja Argentina. A poco de que los ex presos políticos se instalaron, se enteraron de que Gendarmería Nacional había pedido oficialmente todo el edificio. Unos meses después el Onabe les mandó la primera carta documento. A pesar de haber recibido el apoyo de los centros de gestión y participación de la zona y organizaciones como la Cruz Roja, los problemas con el organismo continuaron. En septiembre de este año, la mutual recibió una notificación por la cual se enteró de que sus instalaciones habían sido inspeccionadas por una delegación del Onabe.
La carta los acusaba de no utilizar el inmueble para los fines previstos en el contrato de cesión y de no haber asegurado el lugar. “Nosotros organizamos un club del trueque, donde participan más de 5 mil personas, y ellos afirman que es `una actividad comercial’”, afirmó Draguicevich. Y agregó: “Contratamos los seguros y ellos nos dijeron que las empresas que habíamos elegido no eran suficientemente conocidas”.
En la denuncia que presentaron el jueves pasado al Instituto Nacional contra la Discriminación, los mutualistas denunciaron que “el Onabe busca esconder sus intenciones: que les restituyamos el inmueble, utilizando como método la discriminación y la persecución, pretenden hacer aparecer que es nuestra institución la que incumple el convenio”.
Según la denuncia, en la inspección del organismo “no se labró acta alguna, no se nos notificó por ningún medio de que se realizaría, ni los inspectores se presentaron a los miembros del consejo directivo de la mutual”. La presentación también destaca que “la supuesta inspección lo fue sólo para nuestra mutual, ya que no se visitaron los demás pisos que ocupan las otras instituciones”. Los mutualistas también afirmaron que el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) –que ocupa el primer piso del edificio, y que tampoco cumple con algunas normas que se le exigen a la mutual– “presiona a los funcionarios del Onabe para obtener más espacio físico, y el organismo estatal presiona a nuestra institución para cumplir con las exigencias del Comfer”.