Las cosas parece que vienen mal para los jefes policiales que intervinieron en la emergencia de Cromañón. En menos de dos semanas, el juez Alberto Baños, que instruye la causa por la tragedia, dictaría una resolución trascendental sobre uno de los aspectos más delicados y controvertidos del caso: la llamada emergentología. Los familiares de las víctimas sostienen que gran parte de las muertes se produjeron por mala atención, no por el fuego en sí mismo. Y culpan centralmente al SAME, a los bomberos y a los policías, que son los que actuaron aquella noche en la emergencia. Según se dice en Tribunales, Baños le daría gran importancia a un dictamen del forense Osvaldo Raffo, que sostuvo que “el ácido cianhídrico, que fue absorbido por la piel y el aparato respiratorio de las víctimas, es rápido y mortal”. Si se toma en cuenta ese diagnóstico, la suerte estaba echada enseguida después del incendio y, además, los médicos no tenían chances de darles a las víctimas el antídoto requerido. Sin embargo, es muy probable que Baños procese a los jefes policiales que acudieron esa noche. Es que la falta de un cordón impidió que se asistiera a los jóvenes como corresponde. La duda que queda es si el procesamiento será por homicidio culposo, o sea que hubo responsabilidad en las muertes, o por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La resolución sobre la emergentología es una de las más esperada por los familiares de las víctimas e incluso por Omar Chabán, que siempre argumentó que dentro de Cromañón sólo murieron 22 jóvenes y que 172 perdieron la vida afuera, por mala atención. Las distintas querellas que agrupan a los familiares insistieron en responsabilizar a casi todo el espectro de funcionarios públicos:

n En primer lugar, al entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por no aplicar el Plan Maestro de Emergencias que suponía, por ejemplo, la constitución inmediata de un comité encabezado por el propio jefe de Gobierno.

n Las acusaciones de las querellas también fueron contra el SAME, porque no envió los suficientes recursos y, en especial, porque no había la cantidad de tubos de oxígeno que la situación requería. El Cuerpo Médico Forense hizo un informe sobre la actuación del SAME y sostuvo que trabajó como corresponde, pese al caos reinante en los minutos posteriores al incendio.

n Hay querellantes que ponen el ojo en los bomberos, por ineficiencia en sacar a los afectados por el incendio.

n Por último, a la Policía Federal los familiares le adjudican gran responsabilidad, esencialmente porque la inexistencia de un cordón policial impidió que médicos, enfermeros y bomberos trabajaran como corresponde. A eso se suma que son varios los chicos que murieron por haber reingresado al boliche en pleno incendio para ver si rescataban a un familiar o amigo.

Sobre ese delicado escenario impactará la resolución que el juez Baños va a dictar bastante antes de fin de mes. En Tribunales sostienen que hay varias conclusiones a las que llegó el magistrado después de un larguísimo estudio del expediente y de los informes técnicos.

Por de pronto, parece que el Plan Maestro de Emergencias no era un paquete cerrado, aprobado y en vigencia, sino un cúmulo de ideas que no implicaban una obligatoriedad. De manera que, a primera vista, es posible que el juez no ponga el acento en la actuación del gobierno porteño en esa emergencia.

Respecto de la cuestión médica, fuentes del Tribunal Oral relataron que Baños pidió una copia del testimonio del forense Osvaldo Raffo. El veterano tanatólogo produjo un impacto fuertísimo en el juicio con su diagnóstico, realizado sobre la base del estudio de las autopsias.

En resumen, Raffo hizo las siguientes afirmaciones:

n Lo decisivo fue el incendio y la emisión de gases provenientes de la mediasombra.

n Los gases tóxicos que se desprendieron del techo fueron monóxido de carbono y ácido cianhídrico (cianuro). “El ácido cianhídrico es el más letal. Mata rápido, en cinco minutos. Es un veneno que mata con mucha rapidez porque ataca a la célula misma y se absorbe tanto por la respiración como por la piel. El efecto es el de la cámara de gas del nazismo.”

n “Que todo se haya producido en un lugar cerrado multiplicó los efectos. Además, el gas es traidor, porque no tiene olor ni color, lo que llevó a los asistentes a sufrir falta de fuerza muscular, lo que les impedía caminar, luego les produjo convulsiones y finalmente la muerte.”

Sobre la base de ése y otros diagnósticos, Baños podría llegar a la conclusión de que la atención en la emergencia no fue clave para producir las muertes, porque el factor decisivo fue el envenenamiento. Además, según Raffo, los médicos no tenían posibilidades de detectar el antídoto que se necesitaba. En esta lógica, ni aun con centenares de ambulancias se habrían salvado las vidas.

En Tribunales dicen que Baños estudió con mucho detenimiento las grabaciones de las centrales de ambulancias, Policía y Bomberos. Se trata de las comunicaciones, por radio, entre los que estaban dentro del boliche o en las inmediaciones y los respectivos centros de control. Parece que hay varias grabaciones en las que se escucha, por ejemplo, a médicos reclamándoles a los policías: “Sáquennos la gente de encima”. Lo mismo surgiría de grabaciones de Bomberos. Uno de los argumentos de los médicos es que los chicos estaban desesperados e ingobernables y los obligaban a subir a camillas a chicos que ya habían fallecido, cuando la prioridad debían ser los que aún estaban con vida. Hubo forcejeos, amenazas, agresiones muy violentas de los que asistían al recital contra los que estaban trabajando en la emergencia. Desde ese ángulo, en la causa judicial cobraría máxima importancia el hecho de que los policías no armaron el cordón que habría permitido a médicos, enfermeros y bomberos trabajar con un mínimo de espacio y efectividad.

Uno de los argumentos con los que se defendieron los policías que actuaron esa noche es que resultaba imposible armar un cordón justamente por la violencia con la que reaccionaban los chicos. Es muy probable que Baños rechace ese argumento, debido a que una fuerza policial tiene que estar preparada para una eventualidad de ese tipo. Por otra parte, parece que en algún momento los propios chicos ayudaron a hacer un cordón, es decir que con la capacidad profesional adecuada, el cordón podía concretarse.

Nadie tiene en claro el encuadre final que el juez hará tomando en cuenta las distintas circunstancias. Parece seguro que habrá procesamiento contra los jefes policiales y habrá que ver si también contra los responsables políticos del accionar policial, es decir contra los funcionarios del entonces Ministerio del Interior. Si Baños evalúa que la falta del cordón policial derivó en muertes, podría imputar a los procesados el delito de homicidio culposo, que consiste en producir la muerte por imprudencia, negligencia o impericia. Las penas van hasta los cinco años de prisión. Sin embargo, también el juez podría evaluar que hubo un muy mal desempeño policial, pero que eso no se tradujo en las muertes. En ese caso, el delito podría ser el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene penas más leves, con un máximo de dos años de prisión, lo que implica que es de cumplimiento condicional.

Lo cierto es que, sea cual fuere el encuadre, la resolución de Baños hará mucho ruido y, por supuesto, el expediente sobre la emergentología va a influir en las demandas civiles e indemnizaciones que se le exigirán al Estado, tanto nacional como porteño. El rumor es que se viene un fallo muy largo y detallado que, por supuesto, derivará en una apelación ante la Cámara del Crimen.