La jueza María Gabriela Vasallo ordenó el desalojo en los próximos diez días de la empresa recuperada Rabbione, una cooperativa de transporte de cargas que fue reabierta por sus trabajadores tras haber sido abandonada en el 2001. Además le puso fecha de remate al edificio para el próximo 16 de diciembre, con un precio de subasta de 600 mil pesos. La magistrada dictó esta medida tras declarar inconstitucional la ley de expropiación sancionada en favor de la cooperativa. El caso fue llevado a la Corte Suprema por los trabajadores, pero la apelación no frena el remate.

La cooperativa lleva seis años de gestión y ha logrado sostenerse con éxito –de nueve integrantes iniciales pasaron a ser cuarenta personas–, pero tiene encima un juicio en lo comercial por las deudas que dejaron los antiguos dueños. La orden de remate del edificio está destinada a cubrirlas. En el 2006, la sanción de la ley de expropiación frenó un primer intento judicial de subastar el edificio. Tras una impasse, este año la jueza Vasallo declaró inconstitucional la expropiación con el argumento de que “no se verifica la existencia de una utilidad pública significativa”. Jorge Frojan, presidente de la cooperativa, anticipó que la decisión en Rabbione es resistir el desalojo. La recuperada ha pedido audiencias con el gobierno porteño y con Desarrollo Social de Nación en busca de una salida.

Se trata de un caso testigo para las recuperadas de la ciudad Buenos Aires, la mayoría de las cuales están en una situación de debilidad legal porque el gobierno porteño no pagó las expropiaciones. Las cooperativas han conseguido expropiaciones de dos tipos: en un primer grupo está la ley 1529 votada por la Legislatura en noviembre de 2004, para trece cooperativas. En ella, el Estado se comprometió a pagar el valor de la expropiación de los inmuebles donde funcionan las recuperadas, para que luego los trabajadores puedan comprarlos al Estado. El segundo paquete de leyes de expropiación fue votado más tarde, cuando el macrismo ya tenía mayoría en la Legislatura. Son normas que también expropian, pero en las que no hay una garantía de pago del Estado, sino que se establece que el precio de la indemnización será pagado directamente por los trabajadores.

En los últimos dos años hubo partida presupuestaria para pagar las expropiaciones, pero ésta nunca se ejecutó. Al no hacerse efectivas las compras, en los juicios se empieza a argumentar la inconstitucionalidad de las leyes. Las recuperadas de la segunda tanda –este es el caso de Rabbione– se encuentran con que el Estado no avanzó en el proceso expropiatorio, fijando un precio a la indemnización, y menos aún disponiendo de partidas presupuestarias que les permitan a los trabajadores acceder a créditos para pagarla.