La Justicia busca el paradero de siete de los 29 detenidos que el gobierno de Fernando de la Rúa puso a disposición del Poder Ejecutivo, en el marco del estado de sitio que dictó antes de abandonar el poder. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers tomaron declaración testimonial a 22 personas que figuraban en el texto del decreto que suspendió por algunas horas las garantías constitucionales. Sin embargo, la Policía Federal no registra identidad alguna respecto de siete de ellas. Para los investigadores de la masacre de Plaza de Mayo esto es demostrativo de la desprolijidad con que fue elaborado ese decreto y les permitiría insistir con la acusación de abuso de autoridad contra De la Rúa y sus ministros. Por otra parte, los fiscales apelaron la decisión de la jueza del caso, María Servini de Cubría, que determinó que el ex presidente no violó la Constitución al dictar esa norma.
Durante la sangrienta represión del 19 y el 20 de diciembre ordenada por el gobierno de la Alianza en retirada, hubo más de 200 detenidos en todo el país. Servini acusó a De la Rúa sólo por los 29 detenidos del decreto, pero durante su declaración el ex presidente admitió que fueron muchos más. El abogado Virgilio Loiácono había explicado que esas personas estaban alterando el orden público y fueron arrestadas en el marco del estado de sitio. “Hizo uso de sus facultades de presidente y eso es indiscutible”, apuntó el abogado. Cuando este diario le preguntó si la fundamentación de las detenciones figuró en el decreto el letrado respondió que “no hace falta poner eso”. Esas personas recuperaron su libertad porque el juez de instrucción que estaba de turno consideró que el decreto presidencial no fue debidamente fundamentado. Al apelar la decisión de Servini, Comparatore y Evers retomaron ese razonamiento. “No se trata de determinar qué hubiera decidido el magistrado judicial como Poder Legislador, o como titular del Ejecutivo. Ni siquiera se trata de declarar si hubiera sido preferible establecer o no el estado de sitio. Para impugnarlo se debe determinar si la decisión fue tomada violando el procedimiento constitucional”, escribieron los fiscales en su apelación a la que Página/12 tuvo acceso.
Los representantes del Ministerio Público consideraron que De la Rúa y su entonces ministro del Interior Ramón Mestre deben volver a ser indagados por el delito de abuso de autoridad, porque con la firma del decreto de estado de sitio se habrían excedido en sus funciones. “El dictado del decreto en cuestión constituyó la excusa que alegaron los funcionarios públicos involucrados como causa de justificación de su cuestionable proceder”, señalaron. La jueza había admitido que el texto del decreto era “ambiguo” y “vago”, pero no lo consideró razón suficiente. Citando jurisprudencia, los fiscales argumentaron que las medidas que se adopten como consecuencia del estado de sitio “deben ser razonables y por eso la causa alegada debe estar lo suficientemente explicitada, pues de otra manera se impide que las medidas que se adopten” durante la suspensión de las garantías constitucionales “sean sometidas al debido control de razonabilidad”. Y concluyeron que “la medida tomada fue con una redacción ambigua, violando así el requisito de proporcionalidad que exige que sólo pueden adoptarse aquellas medidas estrictamente necesarias para evitar el peligro alegado”.
Cuando la Sala I de la Cámara Federal liberó al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos consideró que las 29 personas no habían sido privadas ilegalmente de su libertad. Mathov quedó procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en su desempeño durante la represión de la rebelión de diciembre, mientras que sostuvieron el procesamiento de Santos por abuso de autoridad. Pero le señalaron a Servini que debía indagarlos, junto a De la Rúa y Mestre, por los cinco homicidios ocurridos. Los camaristasGabriel Cavallo y Horacio Vigliani ordenaron precisar los detalles de esas 29 detenciones. Así lo hicieron los fiscales, en quienes la magistrada delegó esta parte del caso, y se encontraron con que, hasta ahora, sólo existen 22. Además de ambigua, la redacción del decreto parece haber sido defectuosa.