El juicio político a la Corte Suprema ya pasó, está archivado y más de un diputado justicialista lo festejó como un triunfo. Sin embargo, ello no significa el fin de los problemas. Todavía faltan superar varios proyectos de ley conflictivos –como el cuestionado impuesto sobre los intereses y comisiones bancarias– que mantendrá al oficialismo ocupado más allá de la definición de las elecciones internas.
Eduardo Camaño, presidente de la Cámara baja, duhaldista furioso y principal operador del archivo del juicio a los supremos, es consciente de la tarea que todavía tiene por delante. No sólo debe conseguir la aprobación del Presupuesto 2003 antes de que finalice el período ordinario de sesiones, también tiene que tener una respuesta a los proyectos que preocupan al gobierno de Eduardo Duhalde pero sobre todo a los banqueros.
Sucede que los proyectos que todavía tiene que debatir la Cámara baja son muy sensibles a los intereses de los banqueros. A saber: debe resolver la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, la responsabilidad de las casas matrices de las entidades financieras radicadas en el país y, fundamentalmente, la cuestionada ley que impone el cobro de un impuesto del 2 por ciento sobre los intereses y comisiones bancarias. Este es el proyecto que tiene la intención de crear la Comisión Nacional de Trabajo Bancario, una especie de remake del quebrado Instituto de Servicios Sociales Bancarios, y que es fruto de una investigación judicial por el supuesto pedido de sobornos de senadores para frenar su aprobación.
La semana pasada, por caso, Camaño recibió sendas notas de las asociaciones que aglutinan a los bancos en el país, tanto nacionales como extranjeros. Las notas destacan el malestar que provoca este impuesto en todos y cada uno de los bancos. Obviamente, los banqueros no le piden que guarde en un cajón la iniciativa del senador Luis Barrionuevo, nada de eso, pero igual Camaño lo entendió. Ni lerdo ni perezoso, el duhaldista remitió el proyecto a media docena de comisiones para que “duerma el sueño de los justos” hasta tanto se resuelva el escándalo del nuevo caso de supuestos sobornos en el Senado que desató este proyecto.
Por ahora, la única comisión que emitió dictamen favorable es la de Trabajo, presidida por el histórico sindicalista Saúl Ubaldini. “Es lógico que él sea el primero, es dirigente gremial. Pero habrá que esperar qué dice el resto de las comisiones antes de llegar al recinto”, se ataja Camaño, quien no quiere repetir la historia del Senado.
La lógica del duhaldista titular de la Cámara baja es simple: no puede llevar al recinto una ley sospechada y mucho menos ahora que tiene en su propio bloque una denuncia de pagos de sobresueldos que, si bien no lo salpican, el principal sospechoso es nada más y nada menos que el titular del bloque, Humberto Roggero.