Las Fuerzas Armadas buscan extender su rol de defensa a la contención y el control social. Ayer el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, lanzó la idea de crear un “servicio social obligatorio” para los jóvenes de entre 18 y 19 años, controlado por las Fuerzas Armadas y para ayudar “solidariamente en la salud, la educación o la construcción”, ejemplificó. Tras Jaunarena, el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, feliz del anuncio, propuso “revitalizar” directamente el servicio militar obligatorio, aunque con “características diferentes a las del pasado”. Ambas ideas son las dos caras de un plan que en el fondo les daría a las Fuerzas Armadas la potestad de formar a una multitud de jóvenes excluidos y de “contenerlos” mediante su participación obligatoria en tareas de bien común o el entrenamiento en los cuarteles. Aunque Eduardo Duhalde ayer dijo que la propuesta de su ministro “no es para un gobierno de transición”, admitió que “está en estudio”. Brinzoni directamente festejó que ya existan proyectos en el Congreso: se refería al presentado por dos diputados alineados con Luis Patti que proponen la creación del Servicio de la Reserva de la Defensa Nacional (SRDN), “mediante la incorporación de jóvenes a las Fuerzas Armadas”, incluidas la Policía Federal y todas las provinciales.
El que ayer tiró la primera piedra de sueños castrenses fue Jaunarena durante el acto inaugural del Centro de Control del Aeropuerto de Ezeiza, organizado por la Fuerza Aérea. “Analizamos la posibilidad de un servicio social: que los jóvenes de 18, 19 años, no solamente un sector, tengan la obligación de dar una parte de su tiempo, seis meses, un año, para el resto de la comunidad”, dijo tras cortar las cintas que estrenaron el nuevo radar. Jaunarena habló de “recrear el sentido solidario de los argentinos” y deslizó la conveniencia de generar formas de contención para los jóvenes, protagonistas hoy de cuanto debate sobre la conflictividad social se entabla. Puesto a evaluar las bondades de un ingreso compulsivo a un ejército de jóvenes solidarios pero controlados por las Fuerzas Armadas, el ministro no hizo más que reiterar un viejo argumento que solía esgrimir Raúl Alfonsín sobre las ventajas de la colimba: poder “controlar desde el punto de vista de la salud a toda una clase”.
“Nadie habló de guarniciones militares”, dijo Jaunarena sobre las formas que tendría un servicio social. Intentaba despejar el regreso del viejo servicio, duramente criticado en las últimas semanas tras la muerte del soldado Segundo Cazenave pos supuestos maltratos. Jaunarena intentó así no recibir la misma repulsa que Felipe Solá cuando hace diez días se mostró de acuerdo con obligar a los adolescentes que dejan la escuela a hacer pasantías con el fusil al hombro. No lo consiguió: durante el día llovieron los rechazos al intento de ampliar los roles de las fuerzas armadas. Igual Brinzoni dio sus hurras desde el Chaco. “El servicio militar obligatorio en sus orígenes fue muy útil para la sociedad argentina, que después por circunstancias quizá de la misma sociedad y también del propio Ejército, se fue desvirtuando”, justificó. Y como si hiciera falta el escudo de la igualdad para promover su idea opinó que el servicio militar es una “una institución en frecuencia democrática, porque les cabe a todos por igual y permite reunir a la sociedad”. Fue Brinzoni el que se mostró informado sobre la iniciativa de los patistas.
El proyecto de Servicio de Reserva (ver aparte) fue presentado en marzo por los diputados Miguel Jove y Antonio Rattin. “Ellos –por los militares– vieron este proyecto y capaz que les pareció bien. Pero ni sabíamos lo que opinaba el Estado Mayor. Nosotros creemos que hay una falencia, que la juventud tiene que participar desde la escuela primaria”, le explicó Jove ayer a Página/12. Lo de la primaria no es un chiste. Jove plantea que los niños recibirán instrucción en “defensa civil” de los maestros. Y que a partir del secundario los docentes serán oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y policiales. El servicio cívico-militar que proponen sería de seis meses, el plazo con el que se conformaBrinzoni si las fuerzas recuperan la colimba remozada. Ayer los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales consultados por este diario confirmaron que el proyecto se encontraba en el orden del día, pero negaron que se fuera a tratar en la reunión de hoy.
“Acá lo que hay es un conflicto en el que se quiere avanzar en los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, pero no hay total acuerdo entre Brinzoni, Jaunarena y los diputados que deberíamos sancionar una ley así”, opinó ante Página/12 uno de los legisladores peronistas, autoridad de la Comisión. El rechazo de la UCR, el Frepaso y el ARI fue total. “Si el anuncio lo hiciera Desarrollo Social sería una propuesta analizable, pero habiéndolo hecho el ministro de Defensa, es un intento de reposicionar a las Fuerzas Armadas”, le dijo a este diario la diputada Marcela Rodríguez. Nilda Garré, del Frepaso, ex viceministra de Interior, como parodiando el lugar donde Jaunarena hizo sus declaraciones, lanzó: “Veo que las FA están buscando con un radar por dónde se pueden meter. Por un lado usan las nuevas amenazas como el narcotráfico, pero entre ellas también calculan la pobreza extrema como conflicto a resolver”.