Cristina Fernández de Kirchner estuvo ayer, por primera vez como presidenta, en el edificio central de la comunidad judía argentina, sede de la AMIA y la DAIA. Allí, la primera mandataria realizó un homenaje a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, así como a los 1900 desaparecidos judíos durante la dictadura. En el almuerzo con dirigentes y familiares de las víctimas, Cristina reiteró que el Ejecutivo seguirá respaldando la investigación del ataque contra la mutual judía, pero dejó en claro que el peso recae en el Poder Judicial. Por otra parte, se le plantearon dos temas urticantes. El primero es la relación con Irán, señalado por AMIA, DAIA y Familiares como responsable del ataque. En ese terreno, la Presidenta dejó en claro que apoyará los reclamos contra los individuos señalados por la Justicia argentina, pero que no se puede acusar a Irán como país. Tácitamente esa postura descartaría cualquier ruptura de relaciones con Teherán. La otra cuestión de importancia tiene que ver con los enormes costos que afronta la comunidad judía en materia de seguridad, debido al siempre latente peligro de atentados. Cristina dejó entrever que el Ejecutivo hará un aporte en esa materia, tal vez en fondos y tal vez en tecnología.

“Reafirmamos nuestro compromiso para lograr el esclarecimiento de la causa del atentado contra la AMIA. Es una lucha por la verdad y la justicia, por las víctimas y porque no puede existir el derecho de nadie a quitarle a otro la vida. Quiero expresarles mi reconocimiento y admiración a la perseverancia y al amor por la verdad, la justicia y la paz. El esclarecimiento tendría que haber llegado hace muchos años y la impunidad no es aceptable bajo ningún punto de vista. Sólo vamos a estar satisfechos cuando todos los responsables internacionales y locales estén detenidos”, dijo la Presidenta al colocar dos ofrendas florales junto al presidente de la AMIA, Guillermo Borges, y el titular de la DAIA, Aldo Donzis. En la visita a la mutual judía, la Presidenta fue acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, y el de Interior, Florencio Randazzo.

El vínculo de Cristina con la comunidad judía argentina e internacional ha sido siempre bueno, al punto que se diferenció netamente de Hugo Chávez en cuanto a la relación con Irán. El gobierno venezolano mantiene casi una alianza con Teherán, mientras que la relación argentina con Irán es más bien distante. En todo lo relacionado con el atentado, siempre fue Cristina, más que su marido, quien llevó desde 2003 la voz cantante, dado que conoce perfectamente la causa judicial, por haber liderado una Comisión Bicameral de seguimiento de la investigación. Los Kirchner han acompañado los pedidos de captura de la Justicia argentina contra los funcionarios iraníes, insistieron para que esas capturas fueran validadas por Interpol, realizaron una denuncia internacional en las Naciones Unidas, pero nunca llegaron a romper relaciones con Irán, algo por lo que vienen presionando la AMIA, la DAIA, la Casa Blanca e Israel. Ayer, Cristina reafirmó ese criterio y también lo hizo Aníbal Fernández a la salida: “No involucramos a un gobierno, sino que involucramos a responsables que la Justicia argentina indicó que participaron en el ataque”, afirmó el ministro.

Los dirigentes de la AMIA y la DAIA repasaron con Cristina algunos aspectos pendientes del proceso judicial de investigación del atentado. Es que en los próximos meses deberían producirse novedades de importancia. Por un lado, se espera un fallo de la Corte Suprema, que debe refrendar o revocar las conclusiones del extensísimo juicio oral que terminó en 2004 con la absolución de los policías bonaerenses detenidos como cómplices del ataque, junto con el armador de autos truchos Carlos Telleldín. La otra cuestión judicial pendiente tiene que ver con la elevación a juicio de los responsables de haber desviado la pesquisa, incluyendo al ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, fiscales y funcionarios del Ejecutivo y el Poder Judicial en tiempos de Menem y –lo que para AMIA y DAIA es urticante– el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Cristina se interiorizó de la marcha del proceso judicial pero insistió en que la Casa Rosada no intervendrá.

Respecto de las cuestiones de seguridad, los dirigentes de AMIA-DAIA le plantearon los inmensos costos que afrontan en esa materia. Frente a las instituciones judías –lo que incluye centenares de colegios, clubes, sinagogas y asociaciones de todo tipo– no se han erigido sólo defensas de hormigón armado para impedir que se incruste un coche bomba, sino que se contrata personal, cámaras de seguridad, paredes más altas y gruesas y un sinnúmero de medidas que producen un gasto de importancia. Ante el pedido de asistencia dirigido a la Presidenta, ella le pidió a los directivos de la AMIA y la DAIA que delineen un plan junto al ministro de Justicia y Seguridad.

Por último, Cristina resaltó la declaración conjunta que acaban de firmar en Costa Do Sauipe el presidente de Brasil, Lula; el de Venezuela, Hugo Chávez, y la propia presidenta argentina. El texto condena el antisemitismo, el antiislamismo y la discriminación racial. A veces en forma explícita y otra en forma tácita, se acusaba a Chávez de tomar medidas contra la comunidad judía venezolana y la declaración tripartita, de hecho, buscaba un compromiso del bolivariano.